Durante el desarrollo de la décima primera sesión ordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes que preside la diputada Nancy Gutiérrez, en conjunto con las y los miembros de la asamblea, aprobaron diversos ordenamientos en materia de salud, familia, justicia, transparencia, gobernación y recursos hidráulicos, además de un Acuedo Legislativo para nombrar a una representante del Poder Legislativo ante la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Las y los congresistas avalaron con 24 votos el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que resuelve la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61 Bis y 61 Ter a la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar del Estado de Aguascalientes, presentada por la entonces diputada María de Jesús Díaz.

El objeto de la iniciativa consiste en fortalecer el marco legal que regula a las instituciones privadas de asistencia social en el Estado de Aguascalientes, buscando poder otorgar derechos y obligaciones claras a estas instituciones, se busca de cierta manera incrementar la participación del sector privado en la prestación de servicios de asistencia social, de esta manera, al establecer un marco legal claro y atractivo se incentiva a más organizaciones en este ámbito, ampliando la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos.

A continuación, se aprobó con 23 votos el dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la iniciativa por la que se reforma el artículo 508 del Código Civil del Estado de Aguascalientes; presentada por la entonces diputada Verónica Romo.

El objeto de la iniciativa consiste en hacer referencia al uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio en los ordenamientos legales, reforzando los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.

Se modifican los conceptos donde se señala que, el “madido” es tutor forzoso de “su mujer”, por: entre cónyuges existe tutela legítima.

En otro orden de ideas, se avaló 24 votos con el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Jedsabel Sánchez Montes.

El objeto de la iniciativa consiste en establecer como derecho de la ciudadanía el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley, a fin de homologar con lo previsto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para concluir, se aprobó con 24 votos el Acuerdo Legislativo para designar a la diputada Miriam Yaszú Muñoz Márquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, como representante del Poder Legislativo ante la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

El diputado de Acción Nacional, Adán Valdivia llamó desde el Congreso del Estado a la Federación para que reactive los protocolos necesarios a fin de prevenir y erradicar cualquier plaga que evite la producción y exportación de ganado, siendo ésta una importante actividad en Aguascalientes.

Refirió que Estados Unidos hizo el cierre de fronteras para la introducción de ganado, debido a la detección del gusano barrenador, afectando la economía nacional y la estabilidad del sector agropecuario.

Valdivia mencionó que la plaga del gusano barrenador se erradicó en México en 1991, pero persiste en regiones de centro y Sudamérica.

“La reintroducción en México parece estar vinculada a flujos migratorios descontrolados de animales, provenientes de zonas infestadas, particularmente en el sur del continente”, insistió.

También comentó sobre la relevancia de la ganadería que, de acuerdo con cifras oficiales, el año pasado se exportaron más de 965 mil cabezas de ganado a los Estados Unidos y en el periodo enero-septiembre se superó el millón de cabezas.

Se destruyó la documentación y el material utilizado en el proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en Aguascalientes.

Fue la empresa “Grupo Remex, Recicladores Mexicanos” la seleccionada para la destrucción de más de dos millones de boletas y cerca de dos mil actas mediante procesos que no afecten el medio ambiente.