Ante la Procuraduría General de la República fue formalizada la denuncia en contra del ex Gobernador priista de  Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por el desvío de más de mil millones de pesos.

Según el acta  presentada por la ex candidata a la alcaldía de aquella Capital por el partido MORENA,  Soledad Luévano Cantú, el actual director del Fondo de Fomento al Turismo  hizo gastos irregulares en publicidad para la promoción de su imagen, particularmente en el último periodo de su administración.

Los pagos se hicieron a medios de comunicación aún sin estar inscritos en el padrón de proveedores, como marca la ley.

En la denuncia, se le acusa  a Miguel Alonso de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y peculado, entre otros señalamientos.

Un promedio de 8 millones de personas que trabajan en hospitales mueren cada año por no lavarse las manos después de un proceso quirúrgico.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña global que titula “Salva Vidas: Limpia las Manos” que va dirigida a todo el personal sanitario, que es el más expuesto a ser contagiado si no cumple con esa medida higiénica.

En una decisión sin precedentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección para gobernador en Colima.  Ahora, el Congreso del Estado convocará a una elección extraordinaria y mientras será cubierta esa posición por un interinato.

En Colima como sucedió en Aguascalientes, hubo una evidente intromisión del Gobernador del Estado, lo que determinó a los juzgadores optar por invalidar los resultados  de la elección y repetir el proceso.

La diferencia es que en esa entidad, sí se da parte a la Procuraduría General de la República para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales proceda en consecuencia contra presuntos responsables.

Se documenta que el gobernador orquestó un operativo a favor de su  partido político, el Revolucionario Institucional, en plena campaña electoral.

El testimonio de unos audios, en los que se escuchaba cómo funcionarios del gobierno  condicionaban los apoyos sociales, fue un elemento contundente en la decisión.

Además hubo la participación de la Procuraduría General de Justicia para actuar contra militantes del Partido Acción Nacional,  en actos que se consideraron como de persecución política.