La política del Gobierno Federal en materia de seguridad nacional, contempla un cambio de paradigma que incluye la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios del país.

Rose Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana indicó durante los trabajos de la XXIII Asamblea Plenaria                                                                                                                                               de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que las prisiones deben ser espacios dignos donde prevalezca el respeto a los derechos humanos de quienes ahí se encuentran.

Mencionó que al mes de abril en las cárceles del país había 220 mil 114 personas privadas de la libertad, más del 92 por ciento se encuentra en centros penitenciarios estatales.

“Resulta impostergable trabajar hacia la Reforma del Sistema de Prevención y Reinserción Social, en el modelo de justicia para la construcción de la paz. Es decir, necesitamos generar nuevos esquemas para abordar la prevención y reinserción social desde un enfoque social y humanista, que atienda también el tema de género. Esto nos permitirá no sólo mejorar la eficacia y eficiencia operativa, sino construir el camino de la paz de nuestras comunidades”, agregó.

Previó necesario trabajar entre otras medidas, en construir un modelo inclusivo y humanista para la reinserción social, ampliar las acciones para prevenir la reincidencia en la población juvenil, impulsar y hacer de los centros penitenciarios espacios productivos, avanzar en el desarrollo del sistema de justicia restaurativa, fortalecer el modelo de atención post penitenciaria, implementar mayores esfuerzos para el combate a la corrupción estructural, administrativa y operativa, y redoblar los esfuerzos para avanzar en la dignificación del personal penitenciario.

Reconoció la intervención que se hace en las diferentes prisiones para detectar y retirar los objetos prohibidos, para mantener la gobernabilidad en ellos y brindar oportunidades de preparación y desarrollo a las personas internas.

El gobernador Martín Orozco mencionó que la prevención del delito no es una obligación exclusiva de las autoridades, y esa es una clave para tener cárceles vacías.  Hay que procurar el esquema de “cómo realmente involucrar a la sociedad en general, para que cada día tengamos menos personas privadas de la libertad. El que hacer con las condiciones de vida que tendríamos que establecer con políticas públicas los tres niveles de gobierno”, concluyó.