RAZONAMIENTO JUDICIAL

Por Dra. María del Carmen Platas Pacheco
El innecesario INE

El ánimo reformador en que aparentemente estamos viviendo, puede suponer ciertas ventajas, pero también desventajas. El fracaso contundente del Estado en su obligación de impartir educación es evidente y, en consecuencia, era explicable y justificable la necesidad de la Reforma Educativa; lo muy lamentable es la vigencia del grave aforismo que consigna; “reformar para que todo siga igual”, o peor, como hace evidente la falta de compromiso real del propio gobierno y sus funcionarios para aplicarla con todas las implicaciones y consecuencias que se previeron, precisamente porque una reforma legislativa, independientemente de su relevancia, supone solo el punto de partida para un cambio social e institucional de fondo.
La reforma promulgada y hecha ley, si no es acompañada de las acciones y decisiones de gobierno para hacerla vida, es letra muerta. Allí donde falta el compromiso moral de la autoridad para cumplir, el texto legal, puede ser interpretado y falseado, la complacencia y tolerancia de los gobernantes que deberían “cumplir y hacer cumplir la ley”, la evidencia de miles de ciudadanos afectados, en sus vidas y patrimonio, sugieren que la autoridad olvida que gobierna no solo para los de su partido.
Así las cosas, llama la atención que ahora se encuentra en la línea de salida la llamada Reforma Política o Electoral, que pretende, entre otras cosas, afectar o modificar el funcionamiento del Instituto Federal Electoral, esta institución, con todas sus posibilidades de mejora, es justo reconocer que ha funcionado bien; entre otras muestras puede señalarse que superó de manera favorable los tres últimos procesos electorales federales; dos reconociendo e instrumentando el triunfo del PAN, en 2000 y en 2006, y en el año 2012, reconociendo el regreso del PRI al poder.
Es lamentable que ahora la Cámara de Diputados pretenda hacer morir al IFE, al no nombrar a los consejeros que han concluido su período, y cuyos puestos están vacantes, de hecho por estos días se está “negociando” en el congreso, el presupuesto de ese instituto, y es asombroso enterarnos que asciende a la cuantiosísima suma de $12,334 millones de pesos, y de esa cantidad $4,041.1 millones serán para repartir entre los partidos políticos, precisamente en un año en que no habrá elecciones federales, y si más impuestos para los ciudadanos.
Como se sabe, esta reforma pretende convertir al IFE en una instancia de alcance nacional para mitigar o desactivar la influencia de los gobernadores en los procesos electorales locales, donde es evidente que los funcionarios estatales y los legisladores adscritos a los congresos locales son sumisos a la voluntad de quien gobierna, y, por extensión, ocurre lo mismo con la mayoría de los presidentes municipales, y desde luego, con el teóricamente tercer poder, en los hechos el judicial, que para efectos prácticos también es extensión del inmenso poder feudal que hoy por hoy ejercen los gobernadores, toda proporción guardada, respecto de lo que ocurre en el IFE, también en los institutos electorales locales se negocian abultados presupuestos para los partidos y las agrupaciones políticas.
Es de suponer que los gobernadores no estarán dispuestos a aceptar esta “amputación de su poder”, de facto, pero no de iure. Las prácticas caciquiles o feudales son muy antiguas, forman parte de la cultura popular y de los usos y abusos del poder en todo el país; nadie discute ni cuestiona las decisiones del gobernador en turno, las acciones abusivas del poder político, las intromisiones abiertas o veladas en las tareas y decisiones del congreso y la judicatura local, constituyen hechos reiterados que nadie con honradez puede negar, ni ocultar.
El asunto es muy antiguo, desde las luchas de Madero por el sufragio efectivo y la no reelección, en las primeras décadas del pasado siglo XX, en ese contexto surgió la famosa ley anti reelección de 1933, luego vendría la ley de 1946 que creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, los reconocimientos a las mujeres, de la ciudadanía en 1948, y después, en 1953, el del sufragio femenino en todo el país.
Las legislaciones y las gestiones políticas que favorecieron estos avances, también, hemos de reconocer, propiciaron la centralización del poder electoral y la hegemonía del poder presidencial, con el PRI como partido que durante más de 70 años gobernó ininterrumpidamente. En las últimas décadas del siglo XX, se intensificaron los reclamos sociales por la corrupción, falta de apertura política, los abusos y el desgaste acumulado por el partido hegemónico; estos hechos aglutinados dieron como resultado la tan deseada alternancia, con las elecciones federales del año 2000.
La lógica de la Reforma Electoral que ahora se propone, supone evitar la intromisión y la manipulación de los gobernadores en los procesos electorales locales, regresando a una situación parecida en parte a la de 1946, porque, al parecer, ahora se pretende preservar la pluralidad política y electoral, que antes no existía con presencia operativa, pero controlar desde el centro al país, a través del INE, de manera que lo que ocurra en cada elección estatal sea avalado por esa instancia nacional.
Es claro, y de hecho no se ha pretendido ocultar que, a juzgar por las impugnaciones y la reiterada evidencia de los últimos quince años, los institutos electorales locales, los juzgados y tribunales electorales de los estados, se han desempeñado con tal sumisión al poder del gobernador en turno, que las prácticas de caciquismo regional van en aumento, haciendo de la democracia y las elecciones locales, entre otras cosas, una expresión de la voluntad del gobernador, una parodia o una quimera de “nuevo gobierno”.
Llama la atención que los ideólogos de la reforma electoral piensen que acabar con las prácticas corruptas del caciquismo estatal, pasa por el camino de desmantelar al carísimo IFE, para crear en el 2014 el INE, un organismo de dimensiones y funciones enormes, al que se le encomendarán en el 2015 tareas electorales que lo rebasan, desperdiciando la experiencia consolidada de más de 20 años y las prácticas probadas del IFE.
Si de verdad se pretende avanzar en la consolidación democrática, y erradicar la corrupción del poder caciquil de los gobernadores, más que una reforma apresurada, lo que México necesita es la serenidad y la seriedad para dialogar y debatir la auténtica Reforma de Estado, tantas veces postergada, que entre otras cosas, ponga límites claros y específicos al ejercicio del poder y del dinero público.
México no ganará nada desperdiciando la carísima experiencia acumulada del IFE y creando al vapor el INE. El tránsito del cacique local al cacique nacional no aporta a la confiabilidad y transparencia en los procesos electorales indispensables para la renovación de quienes gobiernan.
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