Los compadrazgos, el influyentismo  y el miedo a los costos políticos, se interpusieron para que Alejandro Díaz Lozano, sobrino del ex gobernador  Carlos Lozano de la Torre y al que mantuvo despachando como Secretario de Finanzas, no realizara una efectiva recaudación y por el contrario, estimulara el incumplimiento de las obligaciones tributarias de un selecto grupo de empresarios.

“El grueso de los adeudos que existen o de las auditorías que se están llevando a cabo, los tienen muy pocos contribuyentes. No estamos hablando ni siquiera de miles y miles, a lo mejor les podría decir que  en 300 contribuyentes está una millonada impresionante.  ¿Y esos 300 que son? Pues son empresarios de diferentes gremios y todo, que no es ni siquiera un efecto de molestia hacia el ciudadano común. Es un tema del empresariado”, mencionó Jaime González, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado.

Detalló que las  cuentas por cobrar identificadas ascienden a 300 millones de pesos, aunque las auditorías continúan.

Una de las estrategias que había, y que dejan bajo sospecha el vínculo existente entre la autoridad y el contribuyente que se pretendía beneficiar, es que hacían olvidadizos los expedientes, para que vencieran los tiempos de ley en auditorías y el cumplimiento de la obligación.

“Nos encontramos con inicio de facultades pero que se habían dejado olvidadas, entonces al transcurrir los plazos, ¿pues qué va a pasar? Que aunque tú llegues al final, hagas una liquidación y todo, con la mano en la cintura el contribuyente va a impugnar y lo va a ganar”.

Otro vicio en la Secretaría de Finanzas fue la falta de personal preparado, o quizá todo estaba premeditado. Había quien incumplía con sus obligaciones, metía un abogado fiscalista y sin problema  ganaba el juicio.  Todo porque la autoridad en turno contaba con un machote fijo para responder las demandas, cuando los defensores se actualizaban constantemente y ganaban apegándose a los nuevos criterios que no consideraba el gobierno.

Y si a eso se le agrega que se omitió el impuesto sobre hospedaje y la tributación a las bebidas con contenido alcohólico en botella cerrada, el golpe a las finanzas estatales resultó mayúsculo, pero que benefició a unos cuantos.

Jaime González refirió que ya se comunicó a la Contraloría del Estado 90 expedientes en los que se  reclaman en total 800 millones de pesos, para en su caso concluir como denuncia y que responda quien tenga la responsabilidad.