A lo largo de los siglos, una experiencia compartida por la humanidad hace evidente a todos la necesidad de que debe existir cierto mínimo normativo, aceptado y conocido por todos, con base en el cual sea posible articular el orden de la convivencia societaria, de manera que las relaciones y los intercambios se construyan dentro del marco que rige la vida social o en comunidad.
El mismo tránsito de la historia da cuenta de sociedades donde las normas, preceptos, reglas y procedimientos que rigen a un pueblo o comunidad han sido detalladas, injustas y excesivas, en un momento determinado frecuentemente asociado con periodos de dictadura y abierta imposición de la voluntad de una persona o grupo sobre el grueso de la población. Con frecuencia el pueblo vive oprimido hasta que se revela y después de periodos repetidamente sangrientos y de gran costo de vidas humanas la libertad, al menos en el discurso, se hace posible.
En el otro extremo, y también inmerso en el tránsito de la historia, han existido pueblos y periodos de mayor libertad, donde se echan en falta leyes, procedimientos y normas que regulen con suficiencia las diversas dinámicas en los afanes y tareas sociales, estas etapas de aparente mayor liberalismo democrático, también presentan riesgos de abusos y arbitrariedades por no existir normativas específicas que regulen aquellas actividades hasta ese momento no previstas por la autoridad.
Sin pretender agotar en descripciones las dinámicas del hacer social en el devenir de la historia, lo cierto es que siempre los gobernados son quienes deben cumplir todas las dinámicas sociales dispuestas por el legislador, pretendidamente en beneficio de las comunidades gobernadas.
Se introduce aquí un elemento de gran importancia que se refiere a la observancia de las leyes, normas, preceptos y procedimientos dictados por la autoridad. Como resulta obvio, parte de las tareas de la autoridad es vigilar el cumplimiento ciudadano; este conjunto de actos de acatamiento de la ley ocurre por dos vías, de un lado por la del convencimiento, donde el ciudadano en ejercicio de su libertad alinea su conducta a lo mandatado en las normas porque le resulta razonable y provechoso respetar y seguir la ley que rige; en el otro extremo de las conductas ciudadanas, desde luego está la prerrogativa de la autoridad de forzar la obediencia y a eso se llama coacción, de manera que en toda sociedad existen mecanismos que la propia ley establece en caso de que el ciudadano se niegue o se resista a  actuar como establece la ley en el caso concreto. Además, pervive el caso de acciones ciudadanas contrarias a la ley, es decir, de actos concretos donde se viola y lesiona el orden jurídico y social, desde luego, een ocasiones, en todos estos casos es complejo establecer con claridad qué es lo justo, a quién le asiste la razón en el conflicto que se genera, quién debe reparar el daño y más aun si existe posibilidad de reparación ante la lesión que se ha causado a ciertos bienes, de manera particular me refiero a aquellos que por su naturaleza no admiten reparación, tal es el caso de la vida, del honor, de la integridad.
Las reflexiones anteriores, sirven ahora para referirme al cada vez más frecuente modo de operar de las autoridades, que al amparo de un pretendido bien para la comunidad de gobernados, improvisan la realización de obras públicas de gran envergadura, sin el debido consenso y conocimiento ciudadano; así en el trascurso de semanas y meses los habitantes de diversas ciudades ven gravemente afectadas sus vidas y dinámicas cotidianas por la construcción de obras públicas no consultadas ni aprobadas por las comunidades supuestamente beneficiadas, pero más aun, teniendo como pretexto el rediseño de vialidades se cometen verdaderos atentados a la vida de árboles centenarios que desde luego no se sustituyen ni se reparan con la apresurada siembra de arbustos y plantas de ornato.
Así como la autoridad posee el poder de coaccionar al ciudadano para que oriente sus acciones en el marco del orden y del pacto social, es indispensable que los ciudadanos sean capaces de exigir a las autoridades que respeten las leyes que rigen la vida social y sobre todo el orden de la naturaleza, que no admite el trueque de arboles centenarios que han sido talados para favorecer —dicen ellos— nuevas vialidades, pretendiendo que pueden ser sustituidos por arbustos. El impacto ambiental negativo es evidente y desde luego la reparación del daño es dudosa y en realidad imposible; gobernar es arte y oficio, que consiste en hacer compatibles el orden social y el pacto ciudadano, ni más, ni menos.
Sígueme en twitter  @mcplataspacheco
www.razonamientojudicial.com