El Gobierno del Estado ya no debe  buscar más pretextos para postergar la entrega de una proporción de Villa Charra a su legítimo dueño y con ello cumplir con orden emitida por el  Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia ha rechazado contundentemente los alegatos del gobierno, dejando en evidencia el proceder ventajista que en su momento tuvieron el Jefe de Gabinete y el Secretario de Gobierno, y en especial la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado.

Incluso y de acuerdo a la sentencia  sobre el Amparo Directo Administrativo                                       1340/2015 que responde a la férrea defensa de  no devolver la propiedad, las autoridades locales no usaron el lenguaje adecuado en el litigio, lo que expuso hasta cierta  ignorancia en la aplicación de la ley.

También se advierte que “las autoridades demandadas en el juicio de origen basaron su raquítica y limitada fundamentación en una norma irregular y oscura”.

En el transcurso de la resistencia y  de varios amparos,  el máximo órgano de justicia en el país emplazó a cumplir con su disposición en un lapso de tres días a fin de reparar los agravios de la familia de Mario Trillo, como legítimo dueño del terreno apropiado.

“La indemnización con motivo de la afectación debe cuantificarse conforme a la ley vigente en este momento y no en términos de la abrogada, ya no serían abordados en la sentencia que se dicte en cumplimiento a este fallo protector, en atención a que el primer motivo de anulación sería suficiente para declarar de nulidad lisa y llana del decreto expropiatorio”, detalla la resolución.

Cabe señalar que la construcción de la Villa Charra de Aguascalientes se hizo mediante un proceso de expropiación que afectó el patrimonio de la familia de Mario Trillo.  El litigio llevó alrededor de 36 años pero la cerrazón que tuvo la administración de Carlos Lozano de la Torre sólo complicó el proceso contra el Gobierno, estando obligado ahora a devolver a la brevedad el  territorio ilegítimamente adjudicado y acordar cómo liquidará las ganancias que se produjeron a lo largo de casi 4 cuatro décadas por la explotación comercial del lugar, lo que se traduce en varios millones de pesos.

Por lo pronto, el lugar luce ya sin el coleadero.  Una frágil cerca perimetral divide el área que no es del Gobierno del Estado.  Los árboles se encuentran listos para ser trasplantados, aunque por el abandono en que se encuentran  los amenaza la muerte. También se incluye una parte del salón de eventos.