Como un prematuro pero feroz inicio del candente clima electoral rumbo a la sucesión presidencial y otras contiendas, es percibido el haberse hecho público el proceso legal contra el alcalde de Calvillo, Adán Valdivia López, acusado de utilizar un certificado de bachillerato apócrifo,  encontrándose actualmente estudiando una maestría en la Universidad del Valle de México.

El caso se ventiló a través del periódico de circulación nacional Reforma y la nota señala que desde el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, se le impuso cuatro años de prisión y una multa de casi 12 mil pesos, aunque no es sentencia definitiva y el acusado tiene la oportunidad de apelar.

Arropado por su Cabildo, por el Presidente con licencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Paulo Martínez López y el diputado Federal, Jorge López Martín, el edil de Calvillo dijo haber sido víctima del engaño por un académico al pagar por el documento que acreditara la revalidación de materias y que le sirvió para luego estudiar la licenciatura en derecho en la Universidad La Concordia.

Explicó que fue con el tiempo cuando conoció de las inconsistencias de su certificado de preparatoria por lo que optó por recurrir a la alternativa del Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, para validar tanto sus estudios de educación media como universitarios, obteniendo la cédula profesional número 8277381.

Puntualizó que no ha cometido delito alguno, no presentará licencia para dar seguimiento a su proceso legal ni está en riesgo la gobernabilidad de Calvillo. “Yo haré uso de los medios jurídicos para defenderme como cualquier ciudadano, con la seguridad de que la razón y la ley están de mi lado”

Para el legislador Jorge López Martín, el caso es un mero chisme y una persecución política, aunque consideró que deberá atenderse porque se ha violentado la secrecía que debe mantener todo proceso judicial.

“El expediente que se está tramitando en el Poder Judicial fue filtrado de manera dolosa.  Un juicio, mientras no haya concluido, no se pueden hacer públicos estos incidentes”.

Acusó directamente a la Procuraduría General de la República de tratar de dañar la imagen del Partido Acción Nacional y sus personajes. También al Gobierno Federal de manipular y distorsionar la información con fines electorales.

“Le vamos a pedir una explicación de la Procuraduría General de la República del porqué se están filtrando este tipo de expedientes”, advirtió.

Pero el Presidente con licencia del PAN, Paulo Martínez le puso nombre para que no quede duda y acusó directamente al ex Procurador General de Justicia de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, de estar detrás de la indebida filtración de documentos.

“No dudamos que pueda estar ahí una mano.  Felipe Muñoz sabemos que estuvo como Procurador aquí en el estado, formó parte de una plantilla de la PGR. Ha de traer ahí toda la información. Va a ser un vínculo él, el que esté sacando toda esta información”.

Y sobre la exigencia que hoy hace la dirigente estatal del PRI, Norma Esparza Herrera, el panista le recordó que “no tiene calidad moral. A ella se le han sacado asuntos de documentación falsa de su profesión. Primero que arregle su situación y luego vea a los demás. Que arregle todos sus asuntos internos del partido”, le recomendó.

Con prudencia, el Gobernador Martín Orozco Sandoval sólo señaló en torno al caso que es responsabilidad de cada uno mantener una ética y ello no es un tema de instituciones sino de personas. Y a quien en el PRI hoy clama la renuncia del edil panista sólo le dijo: “que voltee a ver los suyos a ver a cuántos le tiene que pedir la renuncia”.