Repetir la elección para gobernador en Aguascalientes,  representaría alcanzar un gasto de hasta 80 millones de pesos, considerando lo que se requiere para la organización más el que ejercerían los partidos políticos y sus candidatos.

El dinero se quitaría a los programas de obra y de servicios ya previstos, tal y como sucedió en la reposición de la elección en el Distrito 01, debido a la intromisión del gobernador Carlos Lozano de la Torre.

Pero para fortuna, el escenario ahora no es el mismo. Tampoco existen los elementos contundentes para que la máxima autoridad pueda anular y convocar a nuevos comicios.

José Luis Montoya Campos, especialista en  legislación electoral señaló a La Contra PORTADA que luego de una revisión a las diferentes etapas y condiciones en el proceso, se identifica que no existen elementos suficientes para considerar que la voluntad ciudadana pueda anularse, ya sea por la Sala Administrativa y Electoral a nivel local o por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.

Sobre la supuesta participación de representantes de la Iglesia Católica para influir el voto, consideró que las  evidencias expuestas sobre todo en las redes sociales, no son suficientes  para calificar la intervención del clero a favor de determinado partido o coalición. “Sólo se observa un posicionamiento respecto de una iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, que es estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Agrega que los audios y videos que hasta ahora se presumen como prueba de que se violó el mandato constitucional, muestran el sermón del sacerdote pero no se escucha que llamen al voto a favor o en contra de un partido político alguno o candidato en específico. Sólo la petición en defensa de la familia y de la vida de las personas.

Expone que tales videos y audios no son claros para confirmar si realmente se trata de acontecimientos en Aguascalientes o en otro estado.

“No hay circunstancias de tiempo, modo y lugar que se desprenda de tales evidencias o si fue en esta elección o pasada, lo cual es muy difícil de acreditar”.

Entre otras probables acusaciones que se tratan de exponer para anular la elección está también la presunta intervención de autoridades de los gobiernos municipales en el proceso, pero precisó que “no se les vio en campaña o con candidatos. La ley es clara y solo suspende difusión de la promoción no la entrega de apoyos a las personas de escasos recursos”.

Por si se tratara de haber rebasado los gastos de campaña, Montoya Campos expuso que ningún partido político se iba a arriesgar a superar los topes previstos.

Recordó que hay cerca de 50 impugnaciones sobre todo del PRI y del PAN, mismas que se han ido resolviendo comúnmente como inexistentes.

Estimó además que si en la elección ordinaria la asistencia a las urnas fue de alrededor del 52 por ciento del padrón electoral, en una extraordinaria no llegaría al 40 por ciento.

Advirtió que una elección extraordinaria para gobernador generaría una mayor apatía en la sociedad, al recordar que se viene de la elección federal del 2015 y luego de la extraordinaria del Distrito 01.  Se transita por la renovación de poderes y el próximo año se estará preparando la local y federal del proceso 2017-2018.

“La gente ya está harta de todo esto.  Yo creo que esto genera un impacto político en el ánimo de la sociedad para salir a emitir su voto. Están retirando a la gente de las casillas y eso es lo que menos se debe permitir”.

Y no dejó de acusar al Consejo del Instituto Estatal Electoral de actuar con deficiencias y sin la dimensión que demandó el proceso.