Antes de que a siete diputados se les autorizara su licencia para pretender su reelección, se aprobó en el Congreso  la Ley de Movilidad del Estado, la cual regirá al transporte público de pasajeros en sus siete modalidades.

Las soluciones parecieran ser sólo para el presente y no para el futuro, debido a que, entre otros puntos, no prevé innovar al menos con un sistema colectivo metro, el metro bus, el bicitaxi, la moto taxi, el tren suburbano u otro esquema.

Pero fue el tema de UBER el que acaparó la polémica y la atención de la nueva ley, debido a que se decidió por eliminar el cobro en efectivo y dejar sólo por tarjeta, alternativa a la que muy pocos usuarios recurren.

Precisamente, a través de las redes sociales COPARMEX rechazó esa propuesta del Ejecutivo avalada por el Legislativo, al señalar que más de 66 mil aguascalentenses verán limitadas sus opciones de transporte.

También UBER hizo una convocatoria a escala nacional, en la que pedía alzar la voz y decir al gobierno que cada ciudadano decide cómo pagar y para ello creó el hashtag  #UberParaTodos.

El Gobierno del Estado se había vacunado al señalar que la propuesta de regular a las Empresas de Redes de Transporte es para, la protección y seguridad, tanto del usuario como del conductor y el propósito final es hacer cambios radicales en el servicio de transporte.

El legislador del PRD Iván Sánchez Nájera admitió que es total la posibilidad de que un tribunal dé reversa a la prohibición del cobro en efectivo, porque los congresos locales carecen de facultades para limitar una forma de pago.  Se esperan por ello, amparos de la empresa e incluso de particulares.

Derivado de la nueva ley, quedó firme no aumentar por el momento las tarifas del transporte público.  Por cierto, esa decisión sigue siendo una facultad del Ejecutivo, pero ahora contará con  un Observatorio Ciudadano como Consejo Consultivo para revisar y auditar el proyecto los costos del pasaje, los cuales se analizarán cada mes de marzo y en caso de emergencia como un acto climático o paro de los prestadores de servicio, el gobernador podrá ajustarlas.

Entre las bondades se contempla un nuevo esquema de descuentos del 50 por ciento en tarifas de camiones urbanos y de combis a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

El nuevo ordenamiento obliga a los concesionarios otorgar el Seguro Social a sus operadores y si no lo cumplen pueden perder el título.

Dice la ley que no se permite  que una persona cuente con más de una concesión de transporte público.

También se establece que todas las unidades deberán estar adaptadas para el uso de personas con discapacidades, fijando un plazo para lograrlo el año 2022.