Al cierre de la gestión gubernamental de Carlos Lozano de la Torre, resultaron ser el Instituto de Educación, la Oficialía Mayor, el Fondo Progreso, el Instituto del Agua y la Secretaría de Desarrollo Económico, las dependencias que presentan los más cuantiosos desfalcos, de acuerdo al dictamen sobre la revisión de cuentas presentado por el Órgano Superior de Fiscalización.

El Instituto de Educación, que dirigió Francisco Chávez Rangel, es de la mayor cantidad a resarcir  con un monto superior a los 97 millones de pesos.  A la Oficialía Mayor se le reclaman 77 millones 299 mil pesos. Del Fondo Progreso, de esos créditos que en ocasiones se entregan a discreción a supuestas empresas, se le requieren más de 43 millones de pesos.

Al ex titular del INAGUA, Guillermo Saúl Rivera y algunos de sus más cercanos colaboradores se les exige devolver o comprobar más de 33 millones de pesos, y a quienes estuvieron en la SEDEC se les reclaman casi 17 millones de pesos.

Alejandro Díaz Lozano, sobrino del ex gobernador y quien constituyó el más evidente  acto de nepotismo al despachar como encargado de la Secretaría de Finanzas,  tiene identificado un faltante de más de 7 millones de pesos, tan sólo en la conclusión de su labor en el año 2016.

En total se fiscalizaron 26 entidades públicas de entre las cuáles surgieron 274 observaciones, y hasta ahora Carlos Lozano y sus colaboradores no han respondido para comprobar o devolver 292 millones de pesos.

El Órgano Superior de Fiscalización se encontró con algunas irregularidades que llamaron poderosamente la atención.

Por ejemplo, en el Programa de Becas Compensatorias los recursos ejercidos no concuerdan con lo reportado en la Cuenta Pública.  Se aprobaron poco más de 36 millones de pesos para ese apartado pero apenas cumplió con el 58 por ciento de la meta.

Tampoco se cumplió con el objetivo de alfabetización en el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas. Eso sí, gastó más de 93 millones de pesos de los 100 millones 777 mil pesos aprobados, pero sólo atendió a 12 mil 822 de las 24 mil 125 personas que estaban definidas para recibir el apoyo.

Corresponderá a los órganos de control competentes exigir la reintegración del recurso público y también deslindar responsabilidades de servidores públicos por actos de omisión o de corrupción.