Aunque se omitieron nombres, el Gobierno del Estado dio a conocer que fueron sancionados los primeros funcionarios ante el presunto hackeo en el sistema del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en febrero del año 2020 y que, a estas alturas, siguen las deficiencias y errores en la prestación del servicio.

El contralor general  del Estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, señaló que desde la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, se emitieron las primeras sentencias de Juicio de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas graves, derivadas de las denuncias presentadas en la propia dependencia y se relaciona al  abuso de funciones por la deficiencia en la ejecución de trabajos e irregularidades en el contrato de licitación para la prestación de servicios para el Desarrollo de la Plataforma Estatal de Información Catastral.

Se trata de funcionarios públicos que ostentaban los cargos de director general; coordinador administrativo, especialista y jefe de departamento, por actuaciones realizadas fuera del marco de legalidad, faltando al cumplimiento en el desarrollo de las actividades propias de los servidores públicos y por un daño a la hacienda pública por nueve millones doscientos ochenta mil pesos.

Quien fungió como director general en SEGUOT recibió sentencia de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos, comisiones o funciones en el servicio público por un periodo 15 años y el pago de una indemnización por los nueve millones doscientos ochenta mil pesos, siendo el resto de los servidores públicos sancionados responsables solidarios y mancomunados.

En el caso del coordinador administrativo, dijo, recibió sanción de inhabilitación temporal por un periodo 15 años; el especialista la destitución del empleo, cargo o comisión así como inhabilitación por un periodo de 10 años y el jefe de departamento una inhabilitación temporal por un periodo de 10 años.

Pero no fueron los únicos sancionados. También se respondió a la denuncia presentada en la Contraloría del Estado por parte del titular de la Coordinación de Movilidad del Estado de Aguascalientes en contra de un director general por abuso de funciones, por haber ejercido atribuciones que el director general no tenía conferidos expresamente, realizando actos arbitrarios y causando un perjuicio al servicio público.

Los hechos que dieron origen a la sentencia de una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos, comisiones o funciones en el servicio público por un periodo de siete meses y quince días, fue por haber actuado sin fundamento legal dentro de 12 expedientes para autorizar el cambio de sitio para la prestación del servicio público en la modalidad de taxi y la emisión de oficios actuando fuera de las facultades. En este caso, se entiende que no hubo una pena económica, pues no hubo un daño al erario público.