APRENDIÓ A BURLAR LA LEY

Con dos inhabilitaciones, una por 15 años y otra por 12 años, debido a la violación de las leyes y normatividad presupuestal, según reporta la Secretaría de la Función Pública, Francisco Chávez Rangel, quien fuera el ex candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Aguascalientes y también ex director general del Instituto de Educación del Estado, se encuentra impedido para colaborar en la administración del gobernador morenista de Baja California Sur, Jaime Bonilla.

Francisco Chávez, quien figuró como el funcionario “consentido” durante la cuestionada gestión de Carlos Lozano de la Torre, se ha visto protegido por diversos amparos y ello le ha evitado comparecer ante la justicia por los actos que han sido identificados como corrupción.

Su involucramiento en la “estafa maestra” por haber adquirido computadoras a la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche por más de 300 millones de pesos y que nunca se recibieron, el crecimiento de la nómina en el Instituto de Educación con el otorgamiento indebido de plazas, el destino de millonarias sumas de dinero al abogado hoy en problemas, Juan Collado sin aportar los supuestos servicios contratados,  y el boquete financiero que se generó en su gestión al Instituto de Educación, son algunas de las cuentas que falta que rinda.

Como prestador de servicios, Francisco Chávez técnicamente tampoco puede trabajar con el gobierno de Baja California Sur, porque el espíritu de la ley es justamente que no se utilicen recursos públicos para pagarle a alguien inhabilitado, explicó un especialista consultado.

Pero personajes como el que se encuentra hoy en problemas con la ley, podrá ejercer cualquier interpretación para brincar obstáculos.

El febrero del año 2018, entró entraron en vigor nuevas disposiciones para quienes forman parte de la Administración Pública, en las que bien encaja un impedimento para Chávez, por sus faltas graves.

Técnicamente ni siquiera podría prestar servicios, aunque fuera como proveedor del gobierno.