RAZONAMIENTO JUDICIAL

El que parte y recomparte…

Dra. María del Carmen Platas Pacheco

El binomio corruptor que a lo largo de nuestra historia nacional ha entendido que “dinero es poder”, hoy se topa con una novedad o variación que debemos señalar, precisamente ahora que está próxima a cumplirse la primera parada de seis. A juzgar por lo visto en el tramo andado, estamos frente a la puesta a disposición de miles de millones para los gobiernos municipales, estatales, y desde luego el federal; cuantiosísimas cantidades  presupuestadas para ser ejercidas en 2014, más, mucho más dinero que nunca en nuestra historia, al tiempo que también se han favorecido acciones y decisiones del Congreso y del gobierno federal para mitigar o contener el poder discrecional de los gobiernos locales; la ecuación es muy sencilla; tendrán acceso a los grandes recursos públicos que se concretan en partidas presupuestales aprobadas, al tiempo que perderán parte del poder que ejercen, lo cual equivale a afirmar que el dinero es para gastarlo, pero no necesariamente ejerciendo acciones de gobierno donde se concreta el poder, que en la democracia se gana con votos.

En 1976, durante el sexenio del Presidente José López Portillo, fue parcialmente trasformada la Secretaría de la Presidencia, y se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto; a la postre tres presidentes contarían en su currículum haber transitado por esa responsabilidad de alcance federal, que tenía como uno de sus objetivos la visión integral del país, de manera que los dineros y la riqueza del estado se ejercieran de acuerdo a programas y líneas estratégicas y específicas de acción y desarrollo. Como es de todos sabido esa secretaría “desapareció”, dando paso a los gobiernos de ocurrencias y puntadas en que hemos vivido, donde la vigencia de políticas públicas y de auténticos programas de desarrollo nacional brillan por su ausencia, las grandes obras públicas hídricas, hidráulicas, carreteras, de sanidad, de educación, industriales, agrícolas, mineras, textiles, portuarias, etc., etc., desde luego están ausentes. No obstante sí existen las partidas presupuestales y los recursos asignados, no así los resultados y la transparencia de ejercicio que deberían ser obligados, y, sobre todo, la evidencia de obras públicas bien hechas y de claro beneficio social que den cuenta del ejercicio transparente y eficaz del dinero público y la honrada gestión de gobierno.

Al inicio de este sexenio se anunció, como parte integrante de las propuestas incluidas en el “pacto por México”, la creación de la Comisión anticorrupción, para poner fin a los abusos y desalentar las malas prácticas en el ejercicio económico de la riqueza nacional. En los hechos, es claro el doble mensaje; de un lado se señala un caso grave y se inician las acciones judiciales sancionadoras, pero en otros muchos, la impunidad y las prácticas de abuso están presentes ahora como siempre en todo el país.

El poder de la democracia y de los gobernantes descansa en la autoridad moral que les otorga la representación social que ejercen, sin embargo, en casi todos los años que van del presente siglo, lo que hemos visto es el reparto de la corrupción a lo largo y ancho de todos los partidos políticos, en los tiempos que corren, ya no se puede hablar del monopolio corruptor de un partido o de un grupo político, todos y en todas las posiciones del poder han hecho uso de recursos públicos para beneficiarse económicamente. Los escándalos de fortunas y riquezas hechas al amparo de cargos públicos, son la constante de un cáncer nacional que contamina la vida social.

El gasto del dinero público sin transparencia, sin la evidencia de obras públicas de beneficio social, hace de la democracia mexicana un jugoso y deseable botín para pillos insaciables que llegan a los cargos de elección democrática, o que ocupan posiciones de poder por amiguismo e influencias, no por capacidad y trayectoria de vida. Así, día a día, estamos transitando por la senda de la opacidad y los “amarres y arreglos en lo oscurito”, pretendiendo que al menos entre nosotros, la democracia ha dejado de ser un régimen de vida social, en que el poder público se ejerce en público, y donde las cuentas y las razones de las decisiones deben ser abiertas, sanamente dialogadas y debatidas, y, sobre todo, ejecutadas con transparencia.

Aparentemente la democracia posee la ventaja de evitar las concentraciones del poder tan nocivas y propias de épocas ya superadas de nuestra historia. Sin embargo, estamos asistiendo a una modalidad de compra de poder a cambio de millonarias sumas de dinero que se entregan “rasuradas” para ser ejercidas sin auténtica planeación y transparencia, de manera que más allá del signo y color partidista, el tránsito de un político por un cargo público no se mide por las obras realizadas en beneficio de los gobernados, sino por la fortuna acumulada.

El ejercicio de dineros públicos es una grave responsabilidad de quien gobierna, México tiene una enorme tarea pendiente en este asunto, tantas veces postergado, precisamente en estos días se está dando gran difusión a los escándalos de corrupción en la asignación de partidas y recursos que los legisladores federales asignan a los municipios a cambio de un porcentaje, la vergonzosa “ mochada”, supone la entrega de cantidades de dinero que los legisladores federales cobran sobre las partidas que autorizan, o de la otra modalidad que supone comprometer a los presidentes municipales “beneficiados”, haciendo que contraten a empresas prestadoras de servicio, donde desde luego los legisladores federales llevan un porcentaje sobre la asignación de contratos.

Solo por referir algunos datos que están al alcance de todos; en el año 2013, el presupuesto de egresos de la federación, ascendió a la impronunciable suma de: $3’956,361,600,000.00; casi cuatro billones de pesos, para el 2014, la Cámara de Diputados ha aprobado un presupuesto de $4’479,954,200,000.00; es decir casi cinco billones de pesos; de manera que entre un año y otro se advierte un incremento cercano al 12%, es decir poco más de $500,000,000,000.00 quinientos mil millones de pesos adicionales; es urgente institucionalizar y transparentar el ejercicio de los dineros públicos, para que en verdad sean aplicados en los diferentes proyectos de desarrollo que necesitamos en todo el país; es tiempo ya de superar la falta de honradez, programación y presupuesto, que han propiciado la opacidad y el atraso en que vivimos; para erradicar esta histórica condición de injusticia social, la honradez y la civilidad deben caracterizar las acciones legislativas y las decisiones de gobierno.

Recaudar y repartir dinero público sin transparencia, rendición de cuentas y entrega de resultados tangibles, es cancelar nuestro desarrollo, haciendo de la política un torcido acto de corrupción del poder, ése que satisface la ambición personal, confundiendo la indebida acción de servirse de los dineros públicos, con el servicio público, razón de ser de la política.

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