RAZONAMIENTO JUDICIAL

Ante la corrupción; indignados o resignados
Por Dra. María del Carmen Platas Pacheco

Hoy como nunca en la historia, los grandes avances tecnológicos permiten a la población de cualquier parte del mundo acceder a información antes reservada, clasificada o restringida. Quizás para bien, nos toca enterarnos de lo que ocurre en las oficinas, despachos y correos de quienes, en ejercicio de cargos públicos, gobiernan y toman decisiones de trascendencia en la vida cotidiana de millones de personas. De hecho, repentinamente han saltado a la fama Julian Assange y Edward Snowden, como protagonistas, al descubrir y hacer pública información que compromete y cuestiona la credibilidad y autoridad moral de algunos políticos de primer nivel.
En fracción de segundos, las así llamadas tecnologías de la información y las redes sociales hacen públicos secretos guardados en lo oscuro de los pasillos y las oficinas del poder, haciendo manifiesto el abuso, la arbitrariedad y discrecionalidad que motivan las acciones y decisiones de ciertos funcionarios públicos.
En México, ante la noticia de acontecimientos de esa naturaleza, la tecnología nos da a conocer aquello que sus protagonistas desearían que no se supiera, vivimos una enorme paradoja. De manera casi cotidiana nos enteramos de las decisiones sin consultar, de los robos y desviaciones de recursos públicos para fines personales; de actuaciones de funcionarios públicos, o en la representación popular, que se desempeñan con frivolidad, negligencia e incompetencia; de errores personales a costa del erario, y, sin embargo, la sociedad permanece atónita, como espectadores entretenidos o paralizados, sin que la ciudadanía realmente sea capaz de organizarse y exigir las sanciones que merecen y establece la ley para quienes, al amparo de cargos públicos, se sirven del dinero y del poder, como si fueran riquezas y derechos personales.
En otros países con un nivel de educación mejor al nuestro, ante los hechos de corrupción, la ciudadanía indignada es capaz de organizarse en manifestaciones multitudinarias y exigir la renuncia, la destitución, la sanción y la consecuente devolución de los recursos públicos sustraídos de sus fines naturales para incorporarlos al patrimonio de funcionarios corruptos.
Los estudiosos del asunto, de este extraño fenómeno de las noticas de corrupción y sus efectos, coinciden en señalar que existe una relación proporcional entre la falta de educación de la población y la tolerancia a los actos de corrupción, configurando así la fisonomía de una sociedad resignada que soporta el abuso y la arbitrariedad de quienes ejercen el poder, e incluso espera verse beneficiada, en alguna forma, por el favor de algún políticos en turno, que en ocasiones conceden ayudas y apoyos a quienes se les acercan y les saben pedir.
Esa resignación como actitud social es notoria en nuestro país, los ejemplos sobran; hemos tenido noticias de gobernadores que después de una desastrosa gestión se hacen de fortunas inmensas que ostentan, pasean, disfrutan y presumen por el mundo como si se tratara de riquezas de familias respetables de gran tradición y rancio abolengo; con igual cinismo, un líder de un partido político exige moches a los presidentes municipales a cambio de favorecer el acceso a recursos públicos para obras en beneficio de las comunidades, en otro caso, un senador organiza una estruendosa e impropia fiesta familiar en el inmueble público que alberga al Senado, con lujo de bebidas alcohólicas y mariachis; en un ejemplo más de lo mismo, impartidores de justicia son señalados por torcer la acción de la justicia y por recibir cantidades de dinero, incompatibles con el cargo público que ejercen; de igual manera líderes sindicales ostentan riquezas; relojes, residencias, joyas, yates, mascotas y coches absolutamente impropios de un representante de trabajadores proletarios.
La profunda contradicción que hace evidente la corrupción, provoca indignación y resignación en algunos segmentos de nuestra población, y por el lado de los políticos, que de manera cotidiana protagonizan estos excesos, la cómoda seguridad de pertenecer a algún partido político, como escudo protector que desarrolla el cinismo y la impunidad. El drama de esta paradoja es enorme, los casos de corrupción son de sobra conocidos, de continuo circulan en las redes sociales mensajes de texto, imágenes y videos que así los exhiben, haciendo cada vez más transparente y notoria la doble moral o la inmoralidad política, pero en realidad, la sociedad afectada carece de organización y mecanismos efectivos para corregir y erradicar la impunidad. La frustración ciudadana es enorme, precisamente porque lejos de sancionar, la autoridad encubre y tolera.
Durante las próximas semanas tendrán verificativo procesos de gran relevancia para la gobernabilidad democrática de nuestro país, y serán protagonizados precisamente por políticos, diputados y senadores que deberán elegir y designar a los comisionados del reformado Instituto de Acceso a la Información, y además, por si fuera poco, los legisladores nombrarán a los consejeros que permanecerán o se sumarán al nuevo Instituto Nacional Electoral.
Desde diversos foros, redes y espacios sociales se advierte el riesgo de que esas designaciones ya se encuentren pactadas, arregladas en lo oscuro, y repartidas las porciones del poder entre los partidos políticos, al margen de la pretendida consulta ciudadana, y de la natural selección de los mejores candidatos por méritos profesionales y personales. Es fuerte el rumor de que en el nuevo IFAI repetirán los comisionados que lo integran hasta hoy, a pesar de que han dado sobradas muestras de dificultad para trabajar colegiadamente y en armonía; el ambiente de intolerancia y rispidez que exhiben en sus sesiones manifiesta las desavenencias entre ellos, y pone en duda la objetividad de sus resoluciones, afectadas por pasiones y ánimos alterados; y en el caso del INE —que sustituirá al IFE— ya desde ahora se afirma que la designación entre los partidos políticos está arreglada, de manera que aun cuando para cumplir la formalidad se nombrarán comités que evaluarán posiblemente cientos o miles de expedientes de candidatos, lo que se afirma es que repetirán en el cargo algunos de los consejeros que ahora mismo forman —o han formado parte— del IFE.
Si como advertimos ahora, esos rumores se confirman, las acciones de los políticos se separan cada vez más de la ciudadanía, provocando indignación y resignación. La falta de representación y de legitimidad de quienes ocupen esos cargos es obvia, y en esas condiciones de nula credibilidad y respetabilidad, las reformas legislativas en curso carecen de sentido; quedando reducidas a costosísimas labores de cosmética política que pretende cambiar la fachada institucional del país, para que todo siga igual.
Así, la renovación de las instituciones que motivaron esas reformas para garantizar transparencia y democracia, en realidad pueden ser expresión de nuevos abusos del poder, alejando a la ciudadanía cada vez más indignada, resignada o indiferente ante la teatralidad del cumplimiento de formalidades y protocolos legislativos que en nada restringen o mitigan la corrupción política.
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