RAZONAMIENTO JUDICIAL

Reformar ¿es mejorar o sólo cambiar?

Por Dra. María del Carmen Platas Pacheco

Hace unas semanas tuvo lugar en la ciudad de Davos, Suiza, la reunión anual de gobernantes y líderes empresariales del mundo. La relevancia que tiene traer a la reflexión ese acontecimiento de fines del pasado mes de enero, es porque en la parte final de las reuniones y en la clausura del “foro”, se lanzó con gran fuerza la consigna “incluyamos a los más excluidos”. Esa declaración incide en la médula de todos nuestros problemas nacionales, que, desde luego, tienen que ver con el diseño económico —global— de nuestro mundo. La pobreza y el desempleo avanzan, y frente a esa creciente y dolorosa realidad, todos los otros esfuerzos de gobierno son secundarios, cosméticos e inoportunos.

En el espacio de esas reuniones, el Presidente Obama se refería a que: “tratar bien a los trabajadores no solo es lo correcto, sino que es una inversión; nadie que trabaje a tiempo completo debería tener que criar a su familia en la pobreza, no obstante, el hecho —frío y duro— es que aun en medio de la recuperación, demasiados estadounidenses trabajan solo para mantenerse, sin avanzar, y muchos otros no encuentran trabajo. En la parte final de uno de sus discursos dijo: la estabilidad económica y social, y la seguridad nacional de los países, dependen de la posibilidad de que empresas y gobierno encuentren la fórmula de generar empleos y oportunidades para millones de jóvenes que en este momento no tienen futuro.

La pertinencia y relevancia de esas reflexiones, desde luego, es aplicable a México. Las cifras más conservadores del INEGI refieren que al menos el 51% de los mexicanos vive en condiciones de pobreza, y dentro de ese grupo el 50% en pobreza extrema. Para hacerlo aún más claro: la población de nuestro país se calcula en 113 millones de habitantes, de ésos, 58 millones viven en condiciones de pobreza, y dentro de ésos; 29 millones en pobreza extrema.

A la largo de la historia, la inmensa riqueza de México ha sido muy mal e injustamente administrada y distribuida, a lo largo de décadas los gobiernos han permitido que los bienes nacionales se concentren en pocas manos, haciendo del grueso de la población personas pobres y sin educación, cuyas vidas transcurren en el nivel de la inmediata sobrevivencia, sin futuro y sin proyecto.

En los días y semanas que corren, las fuerzas políticas están concentradas en sacar adelante un ambicioso paquete de reformas constitucionales y leyes secundarias, como si los reales problemas económicos y sociales de los mexicanos deban seguir esperando para ser atendidos en algún momento, donde por fin se detenga el afán reformador de nuestro orden jurídico. Al parecer ésa es la prioridad, —las reformas— como si la modificación de las leyes, por trascendental que sea, que lo es, poseyera la facultad de convertirse en plan y proyecto de gobierno, atendiendo sólo a la forma, que no el fondo de lo que le ocurre a México y su población, en el ámbito interno y en el concierto de las naciones, tal como se refirió en la pasada reunión de Davos.

A nadie escapa el potencial de juventud en que se ubica la población de nuestro país —ésa es una, o quizá la mayor riqueza que poseemos— miles y millones de jóvenes que deberían ser formados y educados en las aulas de escuelas técnicas y profesionales a fin de que desarrollen sus vidas de manera sana y puedan realizar trabajos productivos y bien remunerados, y de este modo contribuyan a la generación de riqueza y desarrollo nacional, hoy, sin embargo, se encuentran en las calles, desperdiciando sus vidas en la vagancia, la delincuencia y la drogadicción como formas de la desesperanza y la falta de rumbo y sentido.

La función y tarea de gobierno, supone, en gran medida, concitar voluntades ánimos y esfuerzos; en ese sentido la pertinencia de las reformas legislativas en curso posiblemente no sea discutible, pero junto con ellas debe atenderse el grave problema social de la pobreza y el desempleo que, como frutos malignos de su crecimiento, nos ofrecen la evidencia de la inseguridad y la violencia en que vivimos como formas de vida cotidiana.

“Incluyamos a los más excluidos” no debe entenderse como exhortación vana, frase sin sentido o expresión retórica de cierre de actividades de un “foro mundial de notables”. Es evidente que la tendencia global creciente de los excluidos pone en grave peligro de conservación a los “incluidos” en el sistema económico y de bienestar que el Estado administra y sostiene. La justicia social, el acceso a los bienes y al desarrollo humano con dignidad, mediante el trabajo deben ser entendidos como un derecho esencial de la mayor importancia en el que deben trabajar los gobiernos del mundo para concretarlo.

Todas las reformas legislativas, primarias y secundarias que un gobierno puede realizar, prueban su eficacia al confrontarse con la mejora, o no, de la calidad de vida de la población. Desde que se promulgó la Constitución de 1917 hasta hoy, no ha habido presidente que resista la tentación del lugar común de las reformas, dejando su huella en la historia nacional, sin embargo, 97 años después de esas dinámicas reformistas, advertimos que los miles de cambios al texto original no han ayudado a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, quizás por ello, nos referimos a las personas y no a las obras de gobierno; a la consolidación de instituciones y a la unificación de políticas públicas y estrategias, más allá del tránsito sexenal.

John Moody’s una de las firmas más prestigiosas en el análisis financiero del “riesgo país”, el pasado 5 de febrero le otorgó a México la calificación más alta de la historia A3, desde luego, esta calificación es una señal de certeza para los potenciales inversionistas, en el ámbito federal, pero en ámbito estatal, la propia Moody’s ha manifestado: Por lo general, los estados y municipios mexicanos muestran una débil administración financiera, falta de disciplina fiscal y transparencia, mientras que al mismo tiempo existe poca supervisión por parte de los niveles superiores de gobierno.

Para los mexicanos “de a pie”, ésos que hacen su vida de todos los días en los municipios la pregunta es obligada ¿cuál es el valor o significado real de ese logro macroeconómico, si como se advierte, la calidad de vida no mejora y la pobreza y la corrupción avanzan?

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