RAZONAMIENTO JUDICIAL

Por Dra. María del Carmen Platas Pacheco
La Constitución, entre la violencia y el derecho

Como ocurre cada año, se están haciendo preparativos para celebrar, el próximo 5 de febrero, el aniversario 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con toda la secuencia de sesudas reflexiones sobre su texto original, sus ideólogos, redactores y las miles de reformas, adiciones y modificaciones que se le han hecho, en un intento “actualizador” que al parecer no tiene fin.
La Constitución es la Carta Magna y Ley Fundamental de los mexicanos; es el instrumento que contiene el conjunto de directrices que norman la vida democrática e institucional del ciudadano y del Estado. En todos los países, la gestación de la Constitución obedeció a momentos de la historia que marcaron épocas; en general se ha tratado de procesos violentos, de hazañas y luchas libertarias que escriben la historia patria. No es frecuente, sin embargo, advertir que en otros países ocurran las reiteradas incidencias; modificaciones, reformas y cambios que acompañan a la nuestra, haciéndola un caso único o por lo menos excepcional en la historia mundial constitucional contemporánea. Desde luego, en 100 años muchos países han cambiado de constitución, pero lo han hecho en la integridad del texto, no en parcialidades complejas y sucesivas a lo largo de casi un siglo.
La abrumadora cantidad de reformas constitucionales acumuladas en 97 años, expresan la desconfianza creciente entre las autoridades y los grupos políticos, pues a lo largo de los años se ha generado entre ellos la creencia de que los derechos o prerrogativas conquistadas en las confrontaciones políticas, serán efectivas en tanto queden consignadas en el texto constitucional. Como es natural, esto ha traído como consecuencia la elaboración, deformación, adecuación o actualización de un texto y de un discurso constitucional enormemente complejo y disfuncional, en los hechos, muy parecido a un reglamento, o más precisamente, a un compendio de reglamentos, que a una auténtica Carta Magna.
Tal como ha demostrado la vida en estos casi cien años, la frecuente tentación de los gobiernos y los grupos de poder, de modificar la Constitución no ha resuelto nuestros problemas nacionales desde 1917 hasta 2014. La realidad no se modifica por decreto, precisamente porque los textos constitucionales no poseen efectos mágicos y modificadores del presente y el futuro.
No es a fuerza de decretos y reformas como México avanzará para superar sus problemas; en diversos asuntos de la vida nacional sobra legislación sustantiva y secundaria, y faltan las instituciones sólidas y confiables, además de los servidores públicos y gobernantes honestos y capaces que en el ejercicio del poder concreten de verdad aquello que la Constitución mandata.
México necesita tomar decisiones concretas de planeación institucional y acciones asertivas que instrumenten políticas públicas para atender los problemas reales. Urge una gran convocatoria nacional de reflexión y toma de conciencia para redescubrir el enorme valor social de vivir respetando —y haciendo respetar— el orden jurídico que nos rige, para erradicar la corrupción, la impunidad y hacer del respeto al Estado de Derecho el objetivo institucional que nos permita avanzar en los diversos rubros del desarrollo nacional, donde hoy contamos con decretos y reformas constitucionales, pero la expectativa y calidad de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos se ubica muy por debajo de las inspiradas o desarticuladas palabras del texto de nuestra Carta Magna.
Debe llamar nuestra atención la grave descomposición social que se vive en Michoacán, Guerrero y Morelos lo mismo que en otros estados de nuestro país. El fracaso del gobierno en materia de seguridad pública, hizo nacer grupos que han intentado hacer frente a la violencia delincuencial que los azota por propia mano. En los hechos, el tejido social, las dinámicas más elementales de la vida de las comunidades está rota o gravemente alterada; las armas y su uso para defensa propia, en contra de otros ciudadanos o de las autoridades, sugiere expresiones de pueblos sin ley, sin respeto y sin orden, donde la violencia lleva años de ser tolerada por el gobierno y sufrida por la población como realidad cotidiana.
Celebrar el 97 aniversario de la Constitución y pronunciar discursos poco o nada inspirados sobre sus bondades y deficiencias es irrelevante. La prioridad de México debe ser superar la impunidad y la violencia criminal que hoy se extiende peligrosamente por nuestra geografía, negando el derecho de todos a vivir en paz. Si lo pensamos con cuidado, todas las reformas constitucionales en curso y sus consabidas leyes secundarias pueden y deben esperar; porque para que México en verdad avance es indispensable abatir de raíz el mal más grave que padece México y del que se derivan todos los otros, esto es: la falta de educación para la vida sana y cívica, y para el trabajo productivo.
Urge mirar de frente este grave flagelo nacional, herencia de casi cien años de indiferencia o ineptitud, escondidas en la instalación de comedores públicos para “paliar el hambre”, entregas de despensas, de láminas para los techos o de vales para medicinas en lugar de resolver el problema del desempleo y la desigualdad que alientan la desesperanza, la violencia y el reclutamiento delincuencial.
Los ideales inspiradores del Constituyente de Querétaro, que en 1917 hicieron nacer nuestra actual Constitución, deben convocarnos ahora a una profunda reflexión no sobre el estado de vanguardia u obsolescencia de nuestra Constitución y las reformas que según algunos, aún le faltan, sino sobre la necesidad de conocerla para vivirla y respetarla; esto supone que todos los mexicanos trabajemos para hacer realidad las condiciones de una nueva gobernanza e institucionalidad que garantice a todos, sin exclusión, el desarrollo de nuestra vida como mexicanos, de manera productiva y digna.
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