RAZONAMIENTO JUDICIAL

Por Dra. María del Carmen Platas Pacheco
Gobernabilidad vs ingobernabilidad

Este año que recién inicia, lo hace con la resaca y pesadumbre de nuevos impuestos, de profundos impactos sociales y económicos y de un conjunto de reformas legislativas cocinadas al vapor o sacadas por la fuerza, para cumplir con los tiempos legislativos, pero dejando una sensación de apresuramiento y falta de serenidad y reflexión ante la magnitud de los temas abordados y la situación social del país.
En la cotidianidad que supone retomar las actividades y rutinas, son abrumadoras las fotografías que exhiben los periódicos todos los días, dando cuenta de la violencia e ingobernabilidad que viven los habitantes de Michoacán, y cuyos impactos, desde luego, también se hacen presentes en otros estados, entre ellos: Oaxaca, Guerrero, Morelos; provocando que la sociedad se sienta indefensa, frágil y peligrosamente expuesta a la arbitrariedad.
La contundencia del caos y la impunidad parecen males que llegaron para quedarse; al menos llevamos dos sexenios y lo que va de éste en una escalada de ingobernabilidad focalizada, y cada vez más extendida, que no solo no ha sido contenida, sino que, como vemos, está adquiriendo mayor presencia expansiva y nuevas modalidades más agresivas.
El sufrimiento de la población, las afectaciones en sus vidas, en sus proyectos, en sus bienes, en la economía nacional, en la imagen que el país muestra al mundo, nos hacen pensar que los remedios penales y policiales empleados hasta hoy no son los adecuados. Ya son muchos años de este gravísimo problema social, incuantificables las pérdidas humanas e inmensas las cantidades de dinero gastado, sin obtener resultados favorables.
Las así llamadas autodefensas comunitarias, una especie de agrupaciones de justicieros tolerados, muestran el fracaso reiterado del Estado, y su estrategia, que no por insistir producirá resultados distintos. Es obvio que esos grupos armados en el seno de las comunidades, realizan labores que el Estado impotente permite, evitando los señalamientos de violación a los derechos humanos, pero dejando a la población en la soledad de la impunidad, a merced de la delincuencia organizada para la producción y venta de drogas, que se está mezclando con la presencia de otros grupos dedicados a la extorsión y al secuestro, de manera que algunos habitantes se arman, y legitiman sus acciones violentas ante la ausencia o tolerancia de las autoridades, que han perdido respeto, credibilidad y confianza, ya que muchas veces se confunden con los delincuentes, lesionando a la población.
El problema multifactorial de la violencia social que se vive en México y la consecuente ingobernabilidad e impunidad que se ha incorporado a la dinámica social exigen repensar con objetividad lo que se ha hecho hasta hoy, para tomar mejores decisiones. Pretender que la violencia se mitiga con más violencia, es un ejercicio ensayado y fracasado, repetido demasiadas veces para seguir insistiendo, ahora con nuevos funcionarios, nuevos uniformes, nuevas armas y nuevos protocolos, pero con los mismos fallidos resultados.
Los estudiosos del tema son unánimes al señalar que en la raíz de la violencia se encuentran asuntos de justicia social largamente desatendidos y reiteradamente mal tratados; la rampante y dolorosa miseria en que viven 53 millones de mexicanos en todo el país hace evidente que existen enormes nichos de oportunidad si en verdad se quiere atender y resolver el problema de la violencia social en que vivimos; la carencia de escuelas dignas, equipadas y con verdaderos maestros, de viviendas confortables, de trabajos bien remunerados, de alimentos suficientes variados y balanceados, de clínicas de salud equipadas y con médicos y enfermeras que atiendan con eficacia y respeto a los usuarios, de infraestructura urbana, agua potable, calles, alumbrado, limpieza, drenaje, parques y centros de reunión comunitaria, etc., etc., son ejemplos de carencias antiquísimas y desatendidas que muestran lo mucho que sigue estando por hacerse, y que desde luego por su relevancia debe incorporarse a las políticas públicas, y no solo a la temporalidad de programas y acciones emergentes o provisionales.
Una reflexión atenta sobre el grave problema de gobernabilidad que supone la violencia social, debe llevarnos a comprender que el riesgo en que vivimos supera con mucho el valor social de la tranquilidad de los gobernados, porque amenaza la existencia misma del Estado y la viabilidad de los planes y proyectos de desarrollo plasmados en tantos nuevos textos legislativos, que esperan ahora las leyes secundarias que los instrumenten, y lo más importante, las acciones concertadas de gobierno, sociedad y empresa para hacerlos realidad.
Las dos caras de la injusticia social que México padece son la inequidad y la inseguridad. Es tiempo de tomar decisiones correctas que atiendan a las causas del problema para en verdad resolverlo. La violencia niega el derecho y conculca las libertades, quienes recurren a ella consideran que los bienes que pueden perder son poco valiosos y por eso los arriesgan, de manera que si la ingobernabilidad avanza, el Estado se desliza a su extinción y la dictadura represora violando todos los derechos, aparece en el horizonte social de la ingobernabilidad.
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