RAZONAMIENTO JUDICIAL

Por Dra. María del Carmen Platas Pacheco
Una iniciativa uruguaya

La República Oriental del Uruguay, ése es su nombre oficial, ha sido noticia éste año que acaba de concluir, al promover en el seno de su congreso una iniciativa de ley para regular el consumo de mariguana. Desde luego, la vanguardia del documento admite estudio y análisis, en ese contexto algunos datos pueden ayudarnos a ubicar, en su dimensión, la propuesta legislativa del Presidente José Mújica.
Uruguay posee una extensión territorial de 176 000 km², la población alcanza los 3’286,314 habitantes, con una densidad demográfica de 17.8 habitantes por kilómetro cuadrado y una edad promedio de 32.6 años, la escolaridad promedio es la secundaria. El ingreso per cápita asciende a los USD $14,449 anuales. Es una república democrática con sistema presidencialista regida por una constitución nacional, cuya última reforma fue realizada en 1996. Los cargos electivos son designados por el voto del pueblo cada cinco años. La capital y ciudad más poblada del país es Montevideo.
Así las cosas, en septiembre de 2012 el Presidente de Uruguay José Mujica presentó al Congreso una propuesta de ley para regular legalmente el consumo de mariguana. La iniciativa se expuso como parte de una serie de acciones para mejorar la seguridad y la convivencia entre las y los uruguayos. La propuesta del mandatario Mujica, es, desde luego, la primera en que un gobierno apoyaba el consumo legal de mariguana para fines no médicos ni científicos.
Los ideólogos de la iniciativa señalan que los objetivos de la ley son: separar el mercado de la mariguana de otros, de otro tipo de drogas, reducir los riesgos y daños asociados a la prohibición de la sustancia ilegal más ampliamente consumida en el país, y el abordaje efectivo de los retos de salud pública asociados al abuso de drogas.
La vanguardista ley no pretende erigirse en solución mágica para borrar el abuso de drogas, el narcomenudeo o la inseguridad. La regulación de la mariguana se enmarca en una estrategia cuyo fin último es encarar de manera pragmática e integral el consumo de drogas, la atención de las causas, las consecuencias del consumo problemático de sustancias, el reposicionamiento de la salud pública por encima de la justicia penal y la reorientación de los esfuerzos de seguridad en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
A diferencia de las iniciativas de Washington y Colorado en Estados Unidos, el proyecto uruguayo propone un esquema regulatorio de presencia estatal para controlar la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la mariguana y sus derivados.
La Ley de Regulación y Control del Cannabis y sus Derivados, votada en la Cámara de Representantes de la República del Uruguay el 31 de julio de 2013, establece, entre otras cosas, lo siguiente;
El otorgamiento de permisos oficiales para la producción, el abastecimiento personal y la comercialización de cannabis psicoactivo para fines no médicos ni científicos; el derecho de las y los consumidores a crecer hasta seis plantas al interior de sus hogares a fin de abastecer su consumo personal, cuya cosecha no podrá superar, en ningún caso, los 480 gramos anuales; fortalecer los servicios de educación y salud para prevenir, mitigar y/o tratar los daños a la salud producidos por el consumo problemático de cannabis y otras drogas —a través de la reinversión de las ganancias impositivas—. El mecanismo regulatorio que impone sanciones para quien incumpla los términos estipulados por la ley que se prevén entre los 20 meses y los 10 años de cárcel.
Las prohibiciones que prevé son, entre otras: el acceso al mercado legal de cannabis a los no residentes y los menores de edad; realizar toda forma de publicidad y conducir vehículos bajo el influjo de cannabis.
Más allá de la incertidumbre y las suspicacias que supone una acción de gobierno como ésta, lo cierto es que el caso uruguayo y su modo de encarar un problema de salud pública, nacional y mundial creciente, nos ofrece la oportunidad de revisar las acciones y decisiones que en México se están tomando sobre este asunto. En términos de violencia e inseguridad es claro el costo social que ha supuesto el combate a las drogas, a lo largo de todos estos años. En el contexto uruguayo, ellos inician por “sacar” a la mariguana de ese grupo de sustancias prohibidas y darle un tratamiento legislativo diferente.
La novedad del caso uruguayo, nos ofrece elementos para la reflexión, y comienzan a transitar por vías de discurso, para explorar posibilidades hasta hoy intocadas; es decir, la regulación legal de los mercados de drogas, ante la necesidad de valorar alternativas de solución menos costosas y más efectivas.
Desde la perspectiva de los ideólogos uruguayos, la regulación legislativa que estamos comentando, lejos de ser un salto al vacío, brinda la oportunidad de construir un nuevo consenso internacional fundado en políticas públicas mundiales que intentan aproximarse, desde otros ángulos, a un grave problema de salud pública, del que no está exento ningún país. Si lo pensamos con cuidado, aceptar que se tiene el problema y existen posibilidades de intentar resolverlo que aun no se han explorado, es conceder esperanza de solución y abrir el entendimiento a la escucha y el diálogo, de donde, sin lugar a dudas, pueden surgir soluciones que ahora no se ven tan claras, y que desde luego deben ser ampliamente estudiadas, previendo sus múltiples costos e impactos.
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