En Aguascalientes, el gasto en la publicidad oficial creció 51 por ciento del 2005 al 2011
El reconocido politólogo Miguel Carbonell nos compartió el estudio “El Costo de la Legitimidad-El Uso de la Publicidad Oficial en las Entidades Federativas”, un proyecto coordinado por Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica y Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., sobre el cual consideramos algunos de los puntos del análisis.
En él, se establece la necesidad en transparentar la relación financiera entre los estados y los medios de comunicación; e indica que esa relación si está influyendo en las líneas editoriales. Advierte que si se clarifica la relación económica, el gobierno podría elevar su imagen de independencia de los medios y forjar una mejor opinión.
La investigación se basó en consultas a través de los sistemas de transparencia a los 31 estados y el Distrito Federal, donde Aguascalientes hizo entrega de información de forma limitada, a diferencia de Colima y el Estado de México, que mostraron mayor apertura.
Sin embargo, con la información proporcionada, se tiene que el gasto en la publicidad oficial creció en Aguascalientes del año 2005 al 2011 en un 51 por ciento, cuando entidades como Sinaloa y Tlaxcala tuvieron un decremento del 37 por ciento y 56 por ciento, respectivamente.
En el periodo de referencia, el gasto en la publicidad oficial en Aguascalientes acumula 866 millones 104 mil pesos, y anota un subejercicio de recursos en este apartado.
El estudio hace como observación que en Aguascalientes, los gastos más altos en publicidad se realizan en el año electoral o un año antes de sus comicios.
Además, establece que las autoridades en México, históricamente han sido autoras de censura sutil o indirecta a través del uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial.
También, que el proceso de transición democrática en el poder no ha revertido la relación perversa que existe entre los gobiernos federal, los locales y la prensa.
Anota que, el estado que asigne el gasto en la publicidad oficial de manera discriminatoria, imparcial y sin transparencia, viola el derecho fundamental a la libertad de expresión, al censurar indirectamente al medio. Asimismo, la falta de pluralidad en la asignación de publicidad oficial, afecta directamente en el derecho a la información de la audiencia.
