La creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio fue uno de los acuerdos de la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Nayarit y encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

El registro busca identificar a las víctimas indirectas de este delito y facilitar su acceso a mecanismos de protección, asistencia y acompañamiento. En el encuentro participaron titulares y representantes de las fiscalías del país, entre ellos el fiscal general de Aguascalientes, Manuel Alonso García, quien planteó además la necesidad de revisar integralmente los tiempos relacionados con las puestas a disposición de personas detenidas, particularmente en casos de alto impacto, para detectar áreas de oportunidad y garantizar procedimientos eficientes y apegados a la ley.

La tecnología ocupó otro de los principales espacios de trabajo, con propuestas para fortalecer la investigación criminal, la identificación humana y la búsqueda de personas. Entre los proyectos analizados se encuentran un Sistema de Identificación Humana mediante Tatuajes, apoyado en herramientas de Inteligencia Artificial, y una Plataforma de Inteligencia Viva para la Búsqueda de Personas, además de una Red Nacional de Interoperabilidad Tecnológica y Buenas Prácticas para facilitar el intercambio de información entre instituciones. La Asamblea también acordó avanzar en la homologación de estándares de operación y certificación de las academias de profesionalización de las fiscalías.

Los trabajos incluyeron además propuestas de reforma al marco jurídico de procuración de justicia, entre ellas modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en cuya discusión participó el fiscal general de Aguascalientes. Los acuerdos de la Asamblea colocaron como ejes la coordinación entre autoridades, el intercambio de información, la profesionalización y el uso de tecnología, con el objetivo de mejorar la capacidad de las instituciones para investigar delitos y responder ante las víctimas.