YA NO HAY PRETEXTOS PARA DEJAR LIBRES A LOS RATEROS

Ahora sí, los ladrones ya no se burlarán de la policía ni deberán seguir siendo el dolor de cabeza de la población por sus ataques recurrentes.

Los diputados aprobaron la prisión preventiva de oficio a quienes cometan robo calificado, y si todo sale conforme a lo estimado, la medida se implementa desde el próximo lunes 2 de julio.

Será muy penado y sin posibilidad de gozar de libertad provisional, a quienes cometan asaltos de manera violenta como es con el uso de armas, los golpes y las amenazas, tanto contra la víctima principal como quien le pueda estar acompañando al momento del evento. Se incluye el abigeato.

Sergio Augusto López, diputado del Partido Verde, consideró que en Aguascalientes la reincidencia delictiva es sobresaliente en el país. “Tenemos informes de que hay delincuentes que no solamente su reincidencia es de dos o tres veces. No, superan las 10 veces, entonces esto ya es una burla a la justicia y es hablar de que no hay seguridad en Aguascalientes”.

Desde el Gobierno del Estado se celebró la aprobación, al señalarse que se trata del fruto coordinado entre la Fiscalía y el Poder Judicial con el Legislativo, que hicieron notar sobre las amenazas que enfrenta la sociedad con el hecho de que los ladrones no pisen la cárcel sólo por carecerse de la prisión preventiva.

El Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega considera que hay las celdas suficientes para recibir ahora sí a los ladrones reincidentes. Aclaró que, aunque la prisión preventiva se considera desde la legislación del año 2008, ahora lo que se logró fue ampliar las figuras para que ningún delincuente quede libre.

“Para esto la Fiscalía no se ve afectada con esta reforma. La Fiscalía en realidad se ve… en este aspecto, se ve más armado, por así llamarlo con esta reforma, pero la prisión preventiva es algo que nosotros venimos solicitando en la mayoría de los casos en donde consideramos que la persona que está siendo procesada,  tiene que estar en prisión”.

Los diputados aprobaron también inhabilitar de uno a diez años la carrera política de todo aquél servidor público que cometa actos de corrupción o faltas administrativas, pero si es reiterativo, ya no podría desempeñar empleos, cargos, comisiones o funciones en cualquier nivel de la administración.

También aprobaron incrementar el castigo a quienes cometan violencia familiar contra persona de sesenta años o más.