URGE UN FRENTE COMÚN OPOSITOR: LENIN CAMPOS

Lenin Campos Córdova

López Obrador asumió el gobierno hace dos años, aprovechó el hartazgo y decepción de la mayoría de los mexicanos con la pobreza y marginación padecida por generaciones, al final obtuvo el poder porque la gente no reflexionó su voto, ni menos las consecuencias de éste. Así llegó la 4T, con su forma de gobernar dictatorial, concentradora de poder, más interesada en darle estabilidad al sistema económico y político dependiente del imperio, y apoyado por los más ricos del país, pero no preocupada por resolver la difícil situación de las masas trabajadoras empobrecidas.

Ya en el poder, con el pretexto de la “corrupción”, desmanteló los programas sociales federales que paliaban el hambre y el sufrimiento extremo de muchas familias, reduciéndolos de 147 a solamente 10. Así desapareció Prospera, Empleo Temporal, Estancias Infantiles, Seguro a Madres Trabajadoras, Apoyos con fertilizante y semilla, Seguro Popular, etc. Todo sin aportar pruebas fehacientes que demostraran la “corrupción” supuesta, afectando gravemente con esta medida a millones de mexicanos que ya tenían esos beneficios. Así también se canceló el crecimiento económico, la seguridad y la salud de los ciudadanos, quienes están ahora en el más absoluto de los abandonos.

El Presupuesto de Egresos aprobado en el año fiscal 2018 fue de 5 billones 279,667.0 millones de pesos. Se atendieron pacientes con cáncer y enfermos de sida; se impulsaron miles de proyectos productivos, programas de empleo temporal, cientos de construcciones de casas de cultura, mantenimiento y construcción de escuelas en diferentes niveles educativos, pavimentaciones, drenajes en calles y colonias; se subsidiaron estancias infantiles y, en salud, teníamos el Seguro Popular a costos simbólicos.

En contraste, el presupuesto 2019 fue de 5 billones 838, 059 millones 700 mil pesos, 10.58% más que el último año del sexenio anterior. Para 2020 fue de 6 billones 107,732 millones 400 mil pesos, o sea, tuvo un aumento de 4.62% con respecto al PEF 2019 y en relación con el presupuesto del 2018 se incrementó un 15.68%.

A pesar del incremento de recursos presupuestales, el Gasto Público no ha servido para mejorar la vida de los mexicanos, pues se ha destinado exclusivamente a los programas electoreros del gobierno, con apoyos monetarios a quienes han sido seleccionados clandestinamente y sin reglas de operación, por los llamados “servidores de la nación”, así como para sacar adelante obras inviables, como una refinería en Tabasco, el Tren Maya o el Aeropuerto en Santa Lucía, cuya rentabilidad económica para el país nunca se ha demostrado, y menos aún se ha acreditado su funcionalidad por autoridades internacionales. Es claro que no se justifica tal derroche presupuestal que debió detenerse, por lo menos desde que se recrudeció la pandemia, pues no hay mayor prioridad en este momento que la vida de miles de mexicanos que están muriendo como moscas en las diferentes regiones del país, o bien para hacer obras o para crear empleos bien remunerados en favor de los pobres.

A dos años de un gobierno morenista en crisis, México necesita más que nunca una economía que sirva a la solución de las necesidades básicas de las masas empobrecidas, pues a no dudarlo, el indicador global de la actividad económica del país, publicado por el INEGI, se ha reducido en 17.3 por ciento a nivel del país. El Producto Interno Bruto (PIB), tan solo en el último trimestre, cayó -2.4 por ciento, lo cual significa un decrecimiento sostenido en la economía, materia de la cual ignora todo el presidente, bajo su conocida fórmula de siempre, de que él tiene “otros datos”.

Ahora la pobreza y la desigualdad nos colocan como uno de los países con mayor inequidad, porque aquí el 10 por ciento más rico se queda con el 40 por ciento del ingreso y tan solo 30 mexicanos poseen una fortuna superior a los mil millones de dólares, mientras la mayor parte de la población no accede a un nivel de vida que garantice, ya no un mínimo de bienestar, sino su existencia misma.

De lo anterior se desprende que todos los pobres, los desempleados, las amas de casa, los campesinos, los comerciantes quebrados, etc., tenemos que hacer un frente común para detener la pérdida de vidas humanas, el desempleo, el hambre, la falta de medicinas y de alimentos que se ceban sobre todo en los más pobres.

El próximo año se competirá por la mayoría en las Cámaras de Senadores y de Diputados, por
21,368 cargos de elección popular y 15 gubernaturas, lo cual representa la única oportunidad de frenar el proyecto de nación que viene imponiendo la 4T, para reencauzar el país como un proyecto de nación incluyente en el que sean consideradas todas las expresiones políticas, todos los mexicanos y mexicanas, sin marginar a ninguno por causa alguna y, dentro de éste proyecto, considerar de manera prioritaria los intereses y necesidades de los más pobres.

¿Cómo podemos parar tantos yerros y tantos desaciertos del actual gobierno que solo nos llevan al desastre? O ¿de qué otro modo podemos llamar al genocidio por imprevisión e ineptitud representado por 37,500 muertos por Covid-19, además de sobrevivir con un 2.7% de decrecimiento económico sostenido que ya nadie puede detener? No hay de otra, necesitamos un frente común opositor que en las próximas elecciones del 2021 haga polvo la mayoría mecánica de la 4T en el Congreso Federal, por lo tanto, todas las fuerzas progresistas tenemos que unirnos en esta tarea de salvación patriótica contra el bloque de incondicionales ciegos y acríticos del presidente, para redireccionar al país con un gobierno que tome en cuenta el sentir de la ciudadanía, democrático e incluyente de las diversas expresiones ideológicas y políticas, pero ajeno a los ucases del actual presidente, quien de mandantario se ha convertido en mandante y amenaza, desde ahora, con eternizarse en el poder.

Necesitamos un nuevo proyecto de país, que esté orientado incondicionalmente con la lucha del lado de la gente pobre, en favor de la vida digna de los trabajadores que son los que producen la verdadera riqueza de éste país y que, por lo tanto, tienen derecho a la protección de su bienestar y de su existencia.