SI EL GOBIERNO HACE MAL EL TRABAJO, QUE INDEMNICE A LOS AFECTADOS

Los diputados en el Congreso del Estado estarán buscando que los gobiernos Estatal y los municipales sean más conscientes y se hagan responsables de los daños que provocan las negligencias u omisiones en las obras y programas que emprenden.

Por ello, la bancada mixta del Partido Acción Nacional y Encuentro Social ha propuesto modificar la Ley de Responsabilidad Patrimonial, a fin de indemnizar a víctimas del mal proceder de las autoridades.

“Los particulares no están obligados a soportar el daño patrimonial causado por el Estado, por haber actuado de manera irregular o por la deficiente prestación de un servicio público que dañe sus bienes o derechos”, reza la legislación que si bien es vigente desde hace 8 años, en los hechos no es adecuada.

De aprobarse, se podrá reclamar la afectación por obras viales mal hechas o los efectos de un mal servicio. Sólo bastará hacer por escrito y mostrar las pruebas. La propuesta de modificaciones a la ley señala que luego de ello, la dependencia a la que corresponde la queja emplazará al o los servidores públicos que se atribuye  la afectación, contestar en 5 días hábiles en su defensa. Posteriormente se contarán 10 días hábiles para el deslinde de responsabilidades.

Las contralorías tendrían que auxiliar a los particulares en este proceso, con un actuar objetivo.

Los daños físicos o psicológicos también deberán ser considerados y dar el acompañamiento hasta sanar las secuelas.

En el caso de negar la indemnización o no satisfacer a las víctimas, corresponderá a la Sala Administrativa y Electoral definir el destino.

El presidente de la mesa directiva del Congreso,  Francisco Martínez Delgado, destacó que “se pretende de alguna forma reparar el daño ocasionado a un particular por la ejecución de una obra pública ya sea estatal o municipal, y que bueno, el usuario de la vía pública no tenga que recurrir a otras leyes, digamos de carácter general, digamos el Código Civil, por ejemplo,  y que ya hubiese una ley más específica en la materia, como sería ésta”.

Resaltó que obligaría al constructor hacer las señalizaciones más adecuadas y correctas. A volverse más solidario. También se incidiría en la prevención de accidentes.

Lo único decepcionante es que la propuesta legislativa no podrá discutirse en el actual periodo ordinario, que concluye el 30 de junio, y es probable que tampoco sea en el extraordinario que ya se prepara. Entonces quedaría como uno de los primeros temas a resolver por la nueva legislatura.