Los señalamientos de corrupción que embarran al ex Gobernador Carlos Lozano de la Torre y su familia que hasta hoy se han hecho públicos, son aún “nimiedades”, al no llegarse aún a lo grueso de su enriquecimiento como son la descarada ampliación de su residencia (que abarca casi toda una manzana), ranchos convertidos en haciendas, etcétera, que no tardan en salir a brote con pelos y señales, refiere la publicación.

Así lo escribe la columna editorial que se comparte a través del periódico Página 24 de Aguascalientes.

El texto revela el contenido de una plática sostenida entre el autor del mismo con Luis Hernández, testigo de su proceder cuando Lozano de la Torre fungió como Secretario de Desarrollo Económico en Zacatecas, durante el gobierno de Ricardo Monreal Ávila.

Detalla que en esa época, Lozano de la Torre fue acusado ante la Cámara de Diputados de Zacatecas por Carlos Chávez Valdez de vender grandes predios y bodegas industriales a “precios auténticamente porfirianos”.

La historia es el antecedente más próximo a la vivida en Aguascalientes: se valió de su socio y amigo José Aguirre para concretar negocios y que fungiera como prestanombres.

Explica que un terreno de casi cuatro hectáreas con una enorme nave industrial la remató a un precio de 275 pesos el metro cuadrado. “Venta que le hizo a su querido compadre Pepe Aguirre, pues Lozano también fungía como director del Fideicomiso Público Zacatecas”.

Detalla que la primera transacción reseñada en la denuncia, fue el 22 de agosto de 2002, cuando vendió al ‘Grupo Profezac, S. A. de C. V.’, representado por José de Jesús Aguirre Campos, un terreno de 38 mil 868 metros cuadrados en el Parque Industrial Fresnillo, equipado con una nave industrial de 5 mil 382 metros cuadrados a un precio de 10 millones 690 mil 880 pesos, es decir, a un promedio de 275 pesos el metro cuadrado.

Agentes inmobiliarios de Zacatecas estiman que el costo real del metro cuadrado con nave industrial sería de 3 mil pesos.

“Pero hubo predios más baratos, de hasta 44 pesos promedio”, señala la editorial.

El mismo día vendió también a Aguirre Campos, como persona física, cuatro lotes de terreno de uso industrial en el parque citado, con una superficie total de 39 mil 514. 16 metros cuadrados, al precio de ‘un millón 741 mil 549 pesos’, un promedio de 44 pesos por metro cuadrado.

El 31 de julio el Fideicomiso Público Zacatecas –a cargo de Carlos Lozano de la Torre– vendió al Grupo Zacatecas, S.A. de C.V., un polígono de 97 mil 665.70 metros cuadrados: el promedio es de 60 pesos metros cuadrados. El 26 de agosto de 2002, vendió un complemento del polígono a un precio de 500 mil pesos.

Y el 15 de agosto de 2002 se enajena a Everardo Macías Medina y a Ana María Muñoz Viramontes, el lote 12 de la manzana número 2, con superficie de 5 mil metros cuadrados, en el Parque Industrial Calera, Zacatecas; el precio de la operación es de 550 mil 40 pesos, es decir, 110 pesos metro cuadrado.

El 1 de abril de 2003, Juan Guillermo Zesati Ibargüengoitia compró el lote 3 de la manzana 20 con superficie de 5 mil metros cuadrados, ubicado en el Parque Industrial Calera, por 400 mil pesos, a un promedio de 80 pesos metros cuadrado.

Ese mismo día se vendió a Fernando Ruiz Huerta y María Guadalupe Buenrostro de Ruiz, el lote 2 manzana 15, con una superficie de 10 mil metros cuadrados, en el Parque Industrial de Guadalupe, a 75 pesos metro cuadrado.

De todo lo anterior se desprende –dice la denuncia ante la Cámara de Diputados–, que Carlos Lozano abusó de su poder para vender terrenos propiedad del Fideicomiso citado ‘en precios irrisorios, sin tomar en cuenta el valor real y comercial de los terrenos’.

Además, Lozano se autorizó a sí mismo una comisión del ‘3 por ciento libre de impuestos’, ordenando para tales efectos, como director del Fideicomiso, la expedición del cheque número ‘7857882’ del banco HSBC, antes Bital, por 614 mil 754 pesos, por lo que entregó al Fideicomiso un recibo sin requisitos fiscales”.

La publicación que aparece en Página 24 remata señalando que la venta de los terrenos debería de haber sido revisada y autorizada por la Legislatura local para que fuera sancionada su legalidad: esto tampoco ocurrió.

Concluye el relato que de este tamaño es la doble moral de “El Patrón”, quien durante sus seis años como gobernador de Aguascalientes presumía honestidad, pero una vez que terminó su ciclo, dejó aquí, como en Zacatecas, una estela de corrupción en la que también se montaron su esposa y sus hijos.

Para leer la nota completa está la siguiente liga:

http://pagina24.com.mx/2017/02/06/la-columna-del-diablito-30/