REPRIMEN A CAASA

El alcalde Juan Antonio Martín del Campo emplazó a la Concesionaria del Agua cumplir a más tardar entre diciembre y enero con 10 exigencias para corregir las fallas y cobros a los usuarios.

Las condicionantes son: disminuir la tarifa para la población que vive en zonas de pobreza; modificar los rangos de consumo estableciendo un precio único a partir de los 50 metros cúbicos para evitar cuentas impagables.

También, mantener el suministro por 21 horas continuas en al menos el 80 por ciento de las colonias de la capital. Cobrar por el agua que se consume. Reducir el desfase de las lecturas con respecto a la facturación, de 60 días a 30 días.

Aportar tres millones de pesos al Fondo de Apoyo Social para que la Concesionaria compense el crecimiento del padrón de beneficiarios y se subsidie a los adultos mayores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y de escasos recursos.

Que la Concesionaria indemnice a personas y vehículos que resulten afectados por falta de señalamientos en sus obras.

Implementar medidas para detectar oportunamente las fugas de agua en domicilios.

No generar facturas sin que el usuario formalice la solicitud del servicio mediante un contrato. Y mejorar su atención al público tanto a través del servicio 073 y en sus agencias.

Martín del Campo dijo que ahora sí cumplirá su promesa de campaña de crear la Procuraduría de la Defensa del Usuario, para  orientar y protegerle sobre cualquier queja y falla que se presente en el servicio de agua potable.

Señaló que por su mal servicio la Concesionaria fue sancionada con tres millones de pesos, monto que constituye lo que marca el Fondo de Apoyo Social.

Sobre ese decálogo, el Gerente de CAASA, Humberto Blancarte Alvarado, precisó que se trata de un reto muy difícil y crítico, aunque dijo que lo asumirá.