QUE NO QUEDARÁN SIN CASTIGO ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO LOZANISTA

Bajo un trabajo intenso de investigación criminal, proceden las denuncias hasta hoy presentadas por el Gobierno del Estado contra aquellas áreas en las que se han detectado hechos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre.

Si bien, sólo se han mencionado los daños al erario en dependencias como el Instituto de Educación, el Instituto del Agua y la Secretaría de Salud, en los próximos días se esperan nuevas acusaciones  en áreas que aún se encuentran en fase de documentación.

El Fiscal General del Estado, René Urrutia de la Vega, especificó que las indagatorias avanzan y que el reciente relevo del titular en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, no genera contratiempo. Aquí aplica la premisa de que sólo las personas cambian pero las instituciones deben continuar.

“Todas están en la integración de las carpetas de investigación, en acopio de datos de prueba, en un  trabajo muy intenso de investigación criminal, precisamente allegándonos de todas las documentales, las entrevistas, los dictámenes. Todo lo necesario para poder establecer si existe o no responsabilidad. Quienes pudieran tener responsabilidad o se les pudiera formular una imputación por la prueba de comisión de un delito y llevarlos a un tribunal para estos efectos”.

El Fiscal General del Estado, admitió además  que la impunidad es una lastimosa realidad sobre la que se debe trabajar intensamente para revertir su presencia.

También lamentó los hechos donde los ciudadanos hacen justicia por su propia mano y dijo que las policías deben ser quienes protagonicen las detenciones.

Recordó así,  que el linchamiento o ejercer la justicia por propia mano es un delito, porque se está causando daño a una persona que debería ser  justiciable.

En cuanto al nuevo Sistema Penal Acusatorio puntualizó que éste no es para mejorar la seguridad, no implica la seguridad pública.  “Lo que sí exige es cada vez más que la seguridad pública, que el trabajo de las policías preventivas sea cada vez mejor. Que las detenciones en flagrancia se hagan de manera correcta, que no se violenten derechos humanos, que se pongan a disposición de los ministerios públicos a los imputados de una manera correcta, sin violar – insisto- derechos humanos, respetando las normas del debido proceso”.