PROLIFERAN BACHES Y ESCONDE GOBIERNO ASFALTADORA

Carreteras, caminos y calles en todo el estado se encuentran invadidos de baches. Unas cuantas lluvias provocan múltiples afectaciones por las malas condiciones de los pavimentos.

Por ese motivo pierden todos: automovilistas y peatones, sin que pareciera existir una reacción efectiva de la autoridad.

La alternativa de rellenar los hoyos con tierra está resultando un fracaso y se deja ver como la peor idea.

Recursos los hay, lo que falla es la responsabilidad.  Más aún, cuando el Gobierno de Carlos Lozano de la Torre había reportado que ya tenía lista  la máquina recicladora de asfalto desde hace más de dos años.  Sin embargo, el asunto se pasó al escenario de la discrecionalidad y el ocultamiento con sus respectivos tintes de la política partidista.

Según consta en la Notaría Pública 28, su titular Moisés Rodríguez Santillán atestiguó el 6 de febrero del año 2014, ante representantes de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y de la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, su funcionamiento y se probó en el tramo correspondiente de San José de la Ordeña a San Francisco.

Lo anterior luego de que el 7 de marzo del año 2011 se trasladó a Nuevo León para que se elaborara un diagnóstico definitivo para su reparación y mantenimiento.

Inicialmente se dijo que  la empresa responsable portaba la razón social “Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción”, aunque luego se especificó que la entrega fue a cargo por la compañía LUCAMEX.

Moisés Rodríguez Santillán dejó constancia que “La Rielera” adquirida por el Gobierno del Estado en el año 2008 funcionaba bien, luego de su mantenimiento, aunque con unas fallas que calificaron los expertos como menores y que la compañía a cargo ofreció resolver sin problema.

El tiempo pasó. La máquina asfaltadora se reportó lista pero la administración de Carlos Lozano determinó no hacer uso de ella y resguardarla en un lugar del que nadie supiera.

Incluso en el año 2014 resolvió mandar toda la información que se buscara a través de transparencia como “reservada”, bajo el argumento de que era para no perjudicar los intereses del Estado.

La Contra PORTADA solicitó el informe más reciente y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones confirmó que se mantenía como confidencial, y la única evolución que ha tenido el caso es que “se encuentra en el proceso deliberativo previo a la toma de una decisión de carácter administrativo y legal”.