PODRÁN CANCELAR NUEVAS CONCESIONES

Por no cumplir con la ley, las 400 concesiones de taxi cedidas y vendidas en la recta final del Gobierno del Estado como pago político a funcionarios y los amigos del titular del Poder Ejecutivo,  podrán ser revocadas, según advierten concesionarios y los mismos taxistas.

Argumentan que con la entrega discrecional se incurrió en un grave error: no fueron analizadas ni avaladas por el Consejo Consultivo del Transporte Público, el órgano responsable de cuidar el orden y la justicia en la movilidad de la población.

La justificante es que el Gobernador Carlos Lozano de la Torre desatendió  las reformas que él mismo promovió en el año 2013 al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado.

Ahí se asienta que para poder ser beneficiario de un título para la prestación del servicio de transporte público,  deberá existir previamente un estudio de planeación, mismo que deberá conocer  y aprobar el Consejo Consultivo, lo cual no se hizo.

Esa misma instancia analizará la procedencia de la concesión sobre cada beneficiario en particular y directamente informará al interesado sobre su aceptación. También checará que cumpla con todos los requisitos; conocerá el dictamen sobre la aceptación del automóvil que se pretenda usar como taxi antes de circular y ordenará el curso sobre relaciones humanas al que deberá someterse el concesionario y el o los choferes que manejarán el vehículo.

La premura y secrecía con que se ha venido haciendo la entrega de títulos, las acusaciones sobre su venta en las oficinas de la SEGUOT y la Secretaría General de Gobierno, y particularmente por  la ausencia del estudio y certificación del Consejo Consultivo, son armas que estarán siendo  utilizadas para impugnar y revocar las concesiones otorgadas en la despedida de la actual administración.