El Poder Judicial habría dado un duro revés al ex Procurador General de Justicia, Felipe Muñoz Vázquez, al retirar de su cargo al equipo legal que defendía a quien fuera titular del Órgano Superior de Fiscalización,  Arturo Solano y quien enfrenta a la justicia acusado de peculado y el uso indebido de la función pública.

En el inicio de la audiencia, en el que la Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación de proceso luego del cumplimiento de la orden de aprehensión girada por no atender los citatorios, los abogados procedentes de la Ciudad de México Jorge Alberto Romero Sánchez  y Omar Pinedo Pérez, además del local Ricardo Vázquez López, no fueron considerados por la Juez  María del  Lourdes Cervantes de representar una legítima defensa, ni aptos para el juicio que se estaría por comenzar.

Los tres propuestos para defender a Solano resultaron ser un fiasco. Se presentaron a la audiencia sin haberse registrado e incluso sus intervenciones destacaron por sus atropellos. Por ejemplo, señalaban que luego de la captura de su cliente en Oaxaca, siguieron las violaciones a los derechos humanos por haber sido recluido de inmediato en el CERESO para varones de Aguascalientes.

Luego exigían al Ministerio Público las definiciones sobre diversos términos plasmados en la denuncia y lo que derramó el vaso para la juez, fue cuando solicitaron el procedimiento legal conocido como “refresco de memoria”, sobre uno de los testigos de los presuntas irregularidades cometidas por el inculpado.

La Juez reclamó por exigir la explicación de  términos doctrinarios, cuando se supone que por su profesión, los conocen a cabalidad. También por no estar atendiendo el debate como marca el procedimiento ni defender debidamente al inculpado. En pocas palabras, por desconocer el juicio que enfrentaban.

Arturo Solano se reservó el derecho a declarar. Vestía uniforme café claro con franjas anaranjadas, además de un chaleco ligero blanco. No dejaba de tener una mirada al piso o al techo ni de rascarse continuamente la cabeza.

Esa comezón se acrecentó cuando se le refirieron los casos de una nómina ficticia entre los que se encontraba una persona del Ejido la Tomatina que perdió su credencial de elector y eso bastó para usar la información de la misma para darle de alta en el Órgano Superior de Fiscalización y que cobraran otros cheques a su nombre.

Al momento se contabilizan 13 contratos que se elaboró sobre personas que nunca laboraron y la expedición de 58 cheques que cobraron personas diferentes a las que se les expidió.  En total se adjudicaron  casi medio millón de pesos de esa nómina ficticia, sobre los cerca de dos millones de pesos que autorizó de forma extraordinaria y en la recta final de la administración, Alejandro Díaz Lozano, sobrino del entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre para el supuesto programa de 17 plazas de auditores.

La audiencia tuvo un primer receso de 40 minutos para que Solano buscara un buen defensor. El ex titular del Órgano Superior de Fiscalización dijo tener en mente al abogado de oficio que intervino por una más de las implicadas en el caso, pero no fue aceptado.   Finalmente se decidió por un profesionista de nombre Juan Ricardo Lucio, quien por ciento arribó a las instalaciones de juicios orales en un automóvil al que no se le ha hecho el canje de placas.

Hubo un segundo receso para contactar al anterior equipo legal y entregara los 4 tomos que comprende la denuncia, pero salió corriendo en el descrédito y sólo prometieron devolver de inmediato, sin certeza de que ello suceda.

La Juez emplazó para este martes a las 12 horas, a fin de que de una vez se defina si a Arturo Solano se le vincula a proceso. En tanto se mantiene en el CERESO como medida cautelar, debido a que hay elementos para suponer que libre puede emprender la fuga.

Jorge Mora, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, desmintió además los dichos previos a la audiencia a cargo de los hoy ex defensores, de que se trataba de una persecución política.

“Aquí es un asunto meramente jurídico. Se están analizando las circunstancias. Él como titular de dicho Órgano tiene responsabilidad… él tenía pues tiene responsabilidad”.

Aclaró que se podrán seguir agregando cargos sobre conductas que ya se tienen detectadas en el Órgano Superior de Fiscalización.