Juventud vulnerable y violenta

Durante las últimas semanas han sido frecuentes las ocasiones en que hemos visto a cientos o posiblemente miles de jóvenes, con o sin el rostro cubierto, marchar y realizar actos violentos en diversas ciudades y vialidades, destruyendo a su paso inmuebles y mobiliario urbano; acciones que son de protesta, entre otras causas, por la desaparición y posible muerte de los estudiantes de Ayotzinapa y la agresión de las autoridades en contra de ellos.
En este país, como en otros de Asia y de África, ser joven supone transitar por la vida durante una etapa de grave vulnerabilidad, donde en los hechos no tiene aplicación concreta el así llamado pacto social, como garantía de condiciones mínimas para el buen desarrollo y proyección de los derechos humanos de aquellos que se encuentran entre los 15 y los 25 años, etapa de absoluta formación, en proceso de definición de su proyecto vital.
Quizás para los jóvenes, la violencia y energía manifiesta en sus protestas es proporcional a la frustración que experimentan al enfrentarse con una realidad y una institucionalidad tan compleja y excluyente para ellos, porque en gran medida son herederos de la crisis familiar, económica, cultural y moral sobre la que transita el siglo XXI; desde hace décadas nuestro país ha abandonado a sus jóvenes, en los hechos no existen instituciones, ni dinámicas de cooperación que los aglutinen y orienten respecto de realizar tareas y actividades que además de atractivas los formen para la vida sana y la capacitación para el trabajo productivo que les permita desarrollar su proyecto personal de vida.
Teniendo como marco nacional el abandono y la orfandad institucional, los jóvenes son fácilmente reclutados y agregados a las filas de la delincuencia organizada y el narcotráfico; el atractivo del dinero fácil y la experiencia personal y vital de saber que con frecuencia la vida es un tránsito efímero y siempre riesgoso que puede ser asumido desde la crueldad y el cinismo como narraciones de lo cotidiano, cuando se ha optado por la delincuencia y el consumo de drogas, sin ningún referente o duda moral respecto de la responsabilidad y trascendencia de sus actos, vacunados respecto de cualquier referencia ética.
El momento político que vive México es en extremo delicado; los lamentabilísimos hechos del pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero han sido de tal gravedad que los grupos más violentos y radicales en diversas regiones del país, han aprovechado el desorden y la quiebra moral institucional para promover toda clase de desmanes, atrocidades y atracos, en las imágenes que muestran los medios de comunicación y las redes sociales, es sobresaliente la presencia y participación de jóvenes que con la agilidad, fuerza y destreza de su juventud dan rienda suelta a su coraje destruyendo, maltratando y disponiendo de bienes y patrimonios que encuentran a su paso.
Desde luego, la investigación y sanción de los culpables y responsables de los hechos de Ayotzinapa es una parte de las tareas pendientes y urgentes que las autoridades deben acometer con pulcritud y eficacia para evitar que el ambiente de indignación creciente les alcance y haga estallar una revuelta masiva que libere la tensión, la rabia y el hartazgo por tanto tiempo contenido, al que se pueden y de hecho se están sumando otros segmentos de la población también desatendidos y frecuentemente afectados.
Para las autoridades no debería ser difícil comprender que los jóvenes, a quienes hemos visto protagonizar desmanes y en otras ocasiones como criminales liados a bandas de delincuencia organizada y narcotráfico, más allá de la trascendencia y tragedia de sus acciones y responsabilidades, en realidad suponen un grave fracaso para el Estado que no ha sabido o no ha podido ofrecerles alternativas y horizontes de realización.
En su mayoría, la sociedad se encuentra en medio de este caos nacional; de un lado desde luego no apoya la violencia, el exceso y el abuso con que los jóvenes han salido a protestar y manifestarse, pero tampoco apoya la inacción o acción torpe, la corrupción e impunidad que muestra la autoridad de manera reiterada en todos los poderes y niveles de gobierno.
El futuro de México que hoy se nos antoja incierto y desesperanzado, exige mirar a los jóvenes como la promesa generacional que son; urge atenderlos, acogerlos, orientarlos y abrirles horizontes ambiciosos de vida sana, trabajo digno, productivo y bien remunerado. La sociedad exige de sus autoridades acciones de gobierno transparentes, bien pensadas y organizadas, con resultados tangibles, el ejercicio del poder, es deber de resultados eficaces y rendición de cuentas, basta ya de tanta impunidad, anuncios y discursos de vanagloria.
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