Incoherencia legislativa; ¿estrategia de avance?

La forma actual del Estado Mexicano es la de una república representativa, democrática, laica y federal, tal como consigna el artículo 40 de nuestra Constitución; de manera que, como prescribe el artículo 41 de ese texto fundamental, el ejercicio del poder político se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial.
En el primer cuatrimestre de este atribulado y muy desconcertante 2014, en que ha tenido verificativo el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, los ciudadanos hemos sido sometidos, prácticamente todos los días, a un espectáculo tan lamentable como mezquino y ruin, protagonizado por los integrantes del Poder Legislativo. Independientemente del partido político, pareciera como si todos se hubieran propuesto acabar de una vez con lo que queda del Congreso de la Unión, un espacio pensado por el constituyente para el diálogo y el debate en la confrontación y búsqueda de las mejores leyes y decisiones para México.
Nada, absolutamente nada de eso hemos visto que hagan los así llamados legisladores; diputados o senadores que en cambio sí disfrutan de fuero y elevadísimos sueldos, bonos, prestaciones y ayudas, todo a costa de los contribuyentes que puntualmente honran sus compromisos fiscales, advirtiendo con indignación de qué modo los legisladores despilfarran y desperdician los dineros de los mexicanos en sus personas y ocurrencias. Urge que la inercia, el ánimo reformador, los alcance a ellos, ya es tiempo de detener y sancionar esos abusos.
A juzgar por los lamentables espectáculos que nos han ofrecido estos representantes sociales, pretender que los legisladores legislan es casi un barbarismo o un absurdo. En las escaramuzas y sainetes de todos estos meses en que supuestamente ellos han elaborado, debatido y aprobado diversas leyes secundarias, lo que en realidad hemos visto es no solo una ignorancia grave de las nociones más elementales del Derecho Positivo Mexicano, sino la práctica reiterada de todo tipo de trampas, transas, pifias, trucos y maromas, mostrando que lo menos importante para ellos son los ciudadanos que representan, es decir, la protección y defensa de los derechos de quienes votaron por ellos.
Nadie ignora que el Congreso de la Unión cuenta con centros e institutos de estudios legislativos y que además cada legislador dispone de un equipo de colaboradores y asesores para realizar sus funciones. Sin embargo, tal como han hecho evidente, los legisladores no son los autores de las propuestas de leyes secundarias, la práctica ha sido que en ocasiones las han recibido del propio Ejecutivo ya hechas o las han mandado a hacer a expertos, gurús, consultores o despachos “especializados”, o todos los anteriores. En cualquier caso, esos documentos que luego se pretenden negociar entre los grupos políticos coexistentes en ambas cámaras, no son producto del genuino trabajo legislativo de debatir y dialogar en el mejor interés de México para encarar y resolver los problemas nacionales de nuestro desarrollo.
Este reiterado modo de proceder evidencia una profunda incoherencia respecto del pretendido trabajo que realizan los legisladores. Es obvio y ofensivo para la ciudadanía que detrás de esas propuestas de leyes secundarias a modo, existen grandes intereses económicos y políticos de repartos del poder y del dinero, ajenos y distantes de los ciudadanos y del bien de México. Así, el negocio de estos legisladores es doble: cobran con todas las prebendas que ellos mismos se dan por un trabajo que no hacen, y además, después también cobran por levantar su brazo en un sentido o en otro, para aprobar o desaprobar esas leyes. Ante la perversidad de esta dinámica legislativa corrupta, la pregunta es obligada ¿quién controla, audita y evalúa a los legisladores?, ¿cuándo rendirán cuentas a los electores?, ¿quién tiene el poder de sancionarlos?
Una significativa página de nuestra historia patria consigna que el Senador por el Estado de Chiapas, el médico Belisario Domínguez Palencia (1863-1913), dio testimonio con su vida privada y pública de la coherencia ética que supone la responsabilidad de ser legislador, a riesgo de perder su vida, como de hecho ocurrió con lujo de tortura. Él se atrevió a alzar la voz desde la tribuna del congreso oponiéndose y denunciando los abusos y la arbitrariedad del General Huerta, mucho ayudaría a los legisladores actuales conocer, repasar y aplicar las lecciones de ética personal y profesional que con su vida ejemplar dio el Senador Domínguez Palencia. Con certeza, este gran mexicano sería honrado mejor de este modo, que con la medalla que cada año en el mes de octubre entregan en su nombre.
Más allá de la incoherencia legislativa en que vivimos y, desde luego, de la extrema dificultad que encontrarán los historiadores al intentar describir la crisis moral en que transcurre la dinámica política actual, es obligado entender que el daño que estos legisladores hacen a la democracia es devastador. Aunque se presume que desde el año 2000 —en que se dio la alternancia— inició el proceso de consolidación, lo cierto es que con esta contundente evidencia en contra esa suposición se ve abiertamente desmentida y desviada por ellos.
Con esas reformas constitucionales y leyes secundarias hechas a modo, sin estudio y reflexión, atropelladas en todas sus etapas de gestación y aprobación, sobreponiendo los intereses personales de legisladores, de grupos de poder y de partidos políticos al bien de México y de los mexicanos, en realidad se auguran resultados incompatibles con el avance y la modernización que requiere nuestro país.
Los ánimos y afanes reformadores no son en sí mismos contrarios o excluyentes del diálogo argumentativo que dé cuenta a la sociedad de las razones suficientes para la instrumentalización de los grandes cambios económicos, políticos y sociales que están por venir; han pasado demasiados años de nuestra historia patria como para pretender que los ciudadanos desinformados y sumisos que este modo incoherente de proceder de los actuales legisladores propicia, es compatible con los mexicanos responsables y participativos que nuestro país requiere para hacer vida y progreso los contenidos en las nuevas leyes.
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