Tramita el Gobierno del Estado Seguro de Responsabilidad Civil para proteger al menos a  cerca de 50 funcionarios, de probables acciones legales  por actos de corrupción

La Contra [Portada]
El Gobierno del Estado de Aguascalientes ha formalizado la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, para proteger a cerca de 50 funcionarios de alto rango, que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los recursos económicos y materiales.
Conforme a la información que investigó La Contra [Portada], en la administración que encabeza Carlos Lozano de la Torre existe una alta preocupación por las observaciones y procesos que puedan derivarse, sobre todo al concluir la gestión; de ahí que se ha buscado una alternativa que les “blinde” sobre cualquier estrategia política y hasta de la acción penal, para resarcir los daños de cualquier faltante en el presupuesto.
Sería la Secretaría de Finanzas con el mayor número de servidores públicos que estarían protegidos por el seguro. Si bien, no fue posible obtener un informe oficial, un funcionario de esa dependencia admitió la existencia del trámite para la adquisición del seguro; e incluso, confirmó que las pólizas para su contratación ya fueron entregadas a los funcionarios que incorporará, siendo Inbursa el banco elegido para un convenio.
“El seguro ampararía al servidor público en un plazo suficiente para que tenga los medios y el tiempo de demostrar su inocencia o en su caso corregir errores, a consecuencia de un posible ejercicio irregular del que le acuse alguna instancia de fiscalización o judicial”, indicó la fuente que de momento, pidió no ser identificada.

LA FLEXIBILIDAD DE LAS LEYES
Quienes han trabajado en la administración pública, cuestionan la legitimidad del Seguro de Responsabilidad Civil, ya que sus ventajas estarían por encima de lo establecido en las leyes locales como son la Ley de Hacienda y del Servicio Público.
Sin embargo, y analizando las alternativas para omitirlas en algún proceso, está la posibilidad de proceder con el sustento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde el argumento de la información reservada, es posible pero no justo, estar trabajando y adecuando los apartados que permitan dar protección a los servidores públicos que cometan irregularidades en el manejo de recursos públicos.

LOS QUE BLINDAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESHONESTOS
En el análisis, se conoció que en México sí existe y es aplicada la figura de este tipo de seguros de Responsabilidad Civil.
A través de diferentes sitios en Internet, se encuentra que, además de Inbursa se encuentran el Grupo Afianzador, GNP, CARSA SP, PROVENTUM y GMXV Seguros. Sin embargo, pareciera que sólo Inbursa estaría en condiciones de hacer un modelo adaptado a las necesidades que pueda tener el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

EL VALOR DE LA IMPUNIDAD
Para protegerse de cualquier acto de corrupción ya sea de manera voluntaria o involuntaria en el ejercicio público, los trabajadores asegurados en el Gobierno del Estado estarían pagando desde más de 17 mil hasta casi 100 mil pesos, dependiendo del cargo que se ostente en este momento.
Por ejemplo, considerando el de mayor jerarquía, como es el titular del Poder Ejecutivo, de pagar casi 100 mil pesos por la póliza, estaría obteniendo un blindaje de hasta 100 millones de pesos.
Para el responsable de la Secretaría de Finanzas, la protección le permitiría tener observaciones o ejercicios irregulares hasta por 80 millones de pesos. Otros lograrían un margen por irregularidades de hasta 50 millones de pesos. También se contemplan a funcionarios con protección de 25, 10 y 5 millones de pesos, en el menor de los casos

LAS CONDICIONES PARA UN SEGURO PRO CORRUPCIÓN
Las instituciones financieras que han sido consultadas en este análisis, han hecho la observación de ajustar sus condiciones conforme a los requerimientos de las entidades públicas. El producto que ofrecen, prácticamente es observado con rentabilidad, dada las experiencias que ya han tenido en otras entidades y que en Aguascalientes sería un hecho inédito.
Se afirmó que su producto busca dar atención a su “cliente” contra responsabilidades de tipo administrativo, civil, penal y hasta político. Aunque algunas lo ofrecen con diferente grado de cobertura y servicios.
Coinciden que el Seguro de Responsabilidad Civil representa una alternativa contra los actos incorrectos en la función pública, y se cuenta con la disposición de dar la asistencia legal cuando sus hechos ameriten la competencia del Ministerio Público, del Poder Judicial, la autoridad Federal e incluso la legislativa.
Según la propuesta que tienen, se contempla la cobertura del daño patrimonial, evitando cualquier exigencia al funcionario en sospecha o evidente corrupción.
La vigencia del mismo va de uno y hasta cinco años, aunque las instituciones financieras que lo ofrecen, están abiertas a extender el plazo conforme a los requerimientos del funcionario y el Gobierno.

UN SEGURO LEGALMENTE INVIABLE
Gilberto Carlos Ornelas, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, señaló que el Seguro de Responsabilidad Civil pudiera ser conveniente para el servicio público pero legalmente es inviable. Simplemente porque se buscaría pagar del erario la protección por errores y desvíos en el manejo de recursos.
“Lo que es discutible es, ¿por qué usar el erario para proteger errores o irresponsabilidad? Es obvio que va a ser difícil que pase, que se pueda transitar sobre todo por la Ley de Hacienda y la Ley de Responsabilidades. Las finanzas públicas estarían subsidiando y pagando los costos de posibles errores y desviaciones; y en todo caso, cubriendo o dijéramos, un mal trabajo”. Señaló que la mejor manera de rendir cuentas a la sociedad y evitar que cualquier funcionario se vea envuelto en el escándalo de la corrupción, es hacer un trabajo honesto, transparente y eficiente.

BLINDAJE DEL FUNCIONARIO: UN MAL MENSAJE A LA SOCIEDAD
Arturo González Estrada, diputado por el Partido Acción Nacional, advirtió que el Gobierno del Estado no considera en el gasto del presente año la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil.
Los servidores públicos deben asumir consecuencias por ellos mismos, no por algo que cubra el propio estado. Por ello, dijo que una medida apropiada es la adoptada por el Ayuntamiento de Aguascalientes. El tesorero pone una fianza que va a cargo de él servidor público, para garantizar cualquier probable irregularidad que cometa en el ejercicio de sus funciones.
Señaló que pareciera hoy una moda “estar quemando a los funcionarios públicos al momento de los cambios de administraciones. Esto sólo genera una mayor desconfianza del ciudadano en el servicio público y los gobiernos. Entonces, no debe existir la figura del Seguro de Responsabilidad Civil y mucho menos pagada con el erario público, sería un descaro total. Es muy mal mensaje a la ciudadanía implementar esta alternativa”, concluyó.