ES LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, EL RECURSO POR LA INCAPACIDAD DEL ESTADO PARA ENFRENTAR A LA DELINCUENCIA, LAS CATÁSTROFES Y LOS MOVIMIENTOS CONTRA EL GOBIERNO

La pretendida implementación de la llamada Ley de Seguridad Interior preocupa, más no resigna sobre todo a representantes de organizaciones civiles y académicos que han profundizado sus efectos y dicen tener sustentada su inconstitucionalidad.

Eloy Morales, Catedrático e Investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no duda que la interpretación que dé la Justicia Federal sea a favor de  la polémica legislación, aunque admite que con ella o sin ella,  la presencia del Ejército en las calles es vigente desde el año 2008.

Puntualiza que se trata de un ordenamiento ambiguo y sin claridad. Una medida cuestionable como también ha sido el funcionamiento de las policías estatales que carecen de fundamento constitucional.

Lo más delicado, dijo, sería el criterio que se adopte para la suspensión de garantías, cuando el Estado no puede responder a las cuestiones de inseguridad, y entonces queda expuesto a ser violentado el derecho de los ciudadanos.

“La Ley de Seguridad Interior hace laxo todo. Es una declaratoria temporal en un lugar específico de que el Ejército tiene que ponerse a trabajar porque (el Estado) no pudo contener diversas situaciones, entre ellas la delincuencia, sin tener que pasar por el Congreso y sin tener que pasar por la Corte. Y lo que es peor, la suspensión de garantías tiene temporalidades fijas constitucionalmente establecidas. Cumplidas esas temporalidades tiene que acabar la suspensión de garantías. No puede extenderlo. La Ley de Seguridad Interior, esa sí se voló la barda porque nos hablan y nos dicen que esa aplicabilidad o ese ejercicio de trabajo del Ejército en cuestiones de seguridad durarán un año. Sí, lo que no nos dicen es que va a durar un año con posibilidad de hacerla indefinida”.

El catedrático universitario advierte sobre los escenarios que se podrán estar viendo en el país, luego de que  la justicia Federal pueda fallar en contra  de las controversias constitucionales que logren someter sobre todo los ayuntamientos del país, porque resultan también muy afectados por la invasión de competencias.