Hace unos días tuvo lugar en Palacio Nacional la ceremonia que celebró, como corresponde, un logro tan relevante como la promulgación de la legislación reglamentaria en materia de energía (petróleo y electricidad), allí se mostró la gran fuerza del Presidente y su partido en el gobierno, además, es de destacar que este significativo triunfo fue posible por la participación no solo de los legisladores del propio PRI, sino de otros que también se unieron a la propuesta legislativa y la concretaron del modo que ya es de todos conocido, este éxito legislativo es doble, literalmente el Presidente logró “mover a México”, tal como se comprometió desde el inicio de su gestión, pero también hizo funcionar el “pacto por México”.
Desde luego, existen motivos suficientes para celebrar y hacerlo en grande desde esa perspectiva política y partidista. Los legisladores que impulsaron esta reforma han dado muestras de oficio político y el Presidente ha hecho evidente su capacidad de alcanzar en tiempo record esta meta que se propuso, conservando en todo momento el control político y social de un asunto tan complejo, que —es justo decir— en su momento lo intentaron otros presidentes y no lo lograron. Se rompió una especie de “tabú” y finalmente se trató el tema del petróleo, cortando una inercia de muchas décadas, concretamente de 1936 a la fecha, casi 80 años de un discurso nacionalista, más político que social y más corrupto que legal y justo.
Sin demeritar en modo alguno un triunfo histórico, que ya desde ahora le garantiza al Presidente Peña un lugar significativo por haber promulgado esta reforma, lo cierto es que cabe y es oportuna la reflexión sobre la otra cara de la moneda de este gran logro legislativo, es decir, el inicio del difícil tránsito de lo legislado a lo real vivido por los mexicanos, allí es donde muchísimas reformas se colapsan y pasan a formar parte de la letra muerta o deformada, ésa que consigna la enorme distancia entre los dichos que contiene la ley y los hechos, la terca y dura realidad que no necesariamente cambia por el acto de promulgar leyes, por muy fastuoso y lucido que haya sido el acto oficial en Palacio Nacional o por muy accidentado y difícil el proceso de su gestación.
México, sin embargo, tiene detrás de sí una larga y en ciertos sentidos amarga historia de reivindicaciones sociales mal atendidas o solo paliadas que es urgente resolver por lo apremiante de la situación. Bien que se explote de modo más eficaz la riqueza de nuestro subsuelo, nadie puede oponerse a ello, pero no olvidemos que somos un país donde uno de cada dos mexicanos vive en pobreza, con frecuencia en condiciones muy por debajo del mínimo que exige la dignidad humana, viviendas con pisos de tierra, techos de cartón o lámina, comiendo un poco de maíz y agua cada día y durmiendo con animales para soportar el frío, distantes y ajenos a los servicios urbanos, de salud y educación, como si hoy el mundo no fuera global y como si este mismo país que es México y que es nuestro no fuera tan inmensamente rico y bello como para que todos sus habitantes pudieran vivir con dignidad.
Una vez más, argumentando la necesidad de “viabilidad financiera”, los legisladores decidieron cargar sobre los hombros de los trabajadores mexicanos no pertenecientes a los sindicatos de PEMEX y CFE el costo descomunal de su pasivo financiero de pensiones, más de un billón y medio de pesos de deuda pesan sobre los hombros de estos otros trabajadores también mexicanos.
No podemos mirar con ingenua ilusión el inicio de un nuevo amanecer con las reformas constitucionales ya promulgadas, allí donde siguen intocadas las inmensas redes y cadenas de corrupción que hacen de este país un territorio tan injusto, desesperanzador y violento donde la riqueza, que en teoría —como nuestro petróleo— es de todos los mexicanos, en realidad ha servido para financiar la opulencia, avaricia, inmoralidad y cinismo de un grupo de ricos y malos mexicanos.
Las reformas, ahora ya leyes promulgadas son una pequeña parte de eso que es importante, lo urgente es erradicar la corrupción, el amiguismo y la simulación para que en verdad esas nuevas leyes sirvan para encauzar el desarrollo de México por caminos de justicia social, ése y no otro es el imperativo de la ética política; para superar el dilema entre lo importante y lo urgente, los partidos políticos y sus dirigentes, deben recordar que la vivencia real de la justicia social es la razón de ser de la política.
Sígueme en twitter @mcplataspacheco