El debido proceso legal

La historia del Derecho Constitucional mundial registra que en el año 1215, el rey de Inglaterra Juan I, en un documento que se conoce como Carta Magna, reconoció para sus gobernados un conjunto de derechos que deben ser respetados por todas las autoridades. A lo largo de los siglos, ese brillante texto constitucional próximo a cumplir 800 años, ha sido fuente de inspiración para todas las constituciones del mundo democrático y desde luego también es recogido por nuestra Constitución Mexicana de 1917.
Así las cosas, la Carta Magna de Juan I definió un mecanismo de protección para todos los habitantes libres del reino, respecto del poder absoluto del monarca, de manera que los súbditos sólo podrían ser privados de su libertad y de sus bienes mediante un juicio seguido ante las autoridades competentes. Esta medida es una autolimitación que el propio Estado se impone frente a los gobernados, garantizando a las personas las condiciones mínimas de respeto que la propia Carta Magna establece.
Ahora, en la recta final del pasado 2014 con ocasión de la entrada en vigor de la Reforma Penal de 2008, en diversos estados del país ya se han dado los pasos y cumplido las etapas de preparación y selección de los jueces y operadores del nuevo sistema de justicia que habrán de encarar ese reto mayúsculo. Respecto al acondicionamiento de espacios, inversión en capacitación y desarrollos tecnológicos, sin lugar a dudas, se puede reconocer que existen grandes avances.
Es de señalar que la migración a esa modalidad de juicios, abiertos, orales, públicos y transparentes, con la obligación del juez o magistrado de estar presente en el desahogo de las audiencias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los justiciables, se pretenden erradicar rancias y oscuras prácticas que a lo largo de muchas décadas han permitido diversas formas de discrecionalidad y acciones indebidas que desde luego lesionan los derechos humanos de quien se encuentra sujeto a un proceso judicial.
¿Qué debemos entender por debido proceso?, en esencia se trata de la obligación que tienen las autoridades de respetar todos los derechos de la persona que se encuentra en el marco de un proceso jurídico o judicial ante las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia; precisamente en todos esos momentos le deben ser respetados sus derechos humanos.
El debido proceso es una aspiración de toda persona en lo individual y de todo país democrático, para que sin importar la condición social, cultural o económica, las autoridades traten a los individuos de manera digna, justa y humana —por parte de quienes los detienen y los juzgan— siempre bajo el supuesto de haber cometido una conducta tipificada como delito, así se entiende que el debido proceso también alcanza para proteger a las víctimas que pudo causar la comisión del delito referido.
El reto jurídico, social y político que México debe afrontar con la entrada en vigor de la referida Reforma Constitucional en Materia Penal de 2008 y otra en materia de Derechos Humanos de 2011, hacen evidente el cambio de mentalidad, de preparación y de actitud que deben asumir las autoridades que se desempeñan en las labores de fiscales o ministerios públicos, abogados defensores y, desde luego, jueces y magistrados.
Más allá de las actualizaciones legislativas que México ha realizado en el ámbito nacional e internacional, lo verdaderamente relevante son las personas, los operadores jurídicos de este nuevo y viejo derecho humano al debido proceso. Para conseguirlo, será indispensable contar con policías capacitados para proteger a los ciudadanos, prevenir los delitos y contener o controlar la violencia; además, es indispensable contar con Ministerios Públicos o Fiscales conocedores del derecho y capaces de argumentar coherentemente para integrar expedientes y hacerlos valer frente a los jueces que deben ser independientes y justos en las sentencias que dictan.
Desde luego, también es necesario contar con un sistema carcelario apto para la reinserción social de los internos y evite que desde la cárcel se siga delinquiendo. De la concurrencia de todos estos elementos depende el tránsito con éxito al nuevo modelo de justicia penal, ojalá estemos a la altura de la expectativa.
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