El broche de oro; corrupción y pensiones; PEMEX y CFE

El avasallador ritmo legislativo reformista que hemos vivido en los dos años, que recién se cumplen del actual gobierno, desde luego no podía soslayar el escabroso asunto de los 150,000 trabajadores activos de PEMEX y 70,000 jubilados, además de otros tantos miles de la CFE.
Llama la atención que “la creativa” solución para encarar el enorme reto de pagar pensiones a todos esos trabajadores, que no aportan y no aportaron un solo centavo durante su vida laboral para generar su “fondo de pensiones”, se les haya ocurrido a los brillantes legisladores; ellos proponen que ese inmenso déficit de miles de millones de pesos de ahorro no generado, sea cubierto con el ahorro de esos otros 14 millones de mexicanos con cuentas activas en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR y Afores). Lo burdo e injusto del planteamiento, y pretendida solución, desde luego llena de desesperanza a estos 14 millones de mexicanos que no pueden hacer nada para evitar el cínico robo del dinero que han ahorrado a lo largo de años con una parte de su salario, para precisamente disponer de una pensión digna cuando llegue el complicado y en todos sentidos costoso y sufrido tiempo de la vejez.
Ciertamente, el contrato colectivo de PEMEX y de la CFE no prevé la obligación para el trabajador de aportar parte de su salario para la constitución de una masa monetaria que permita sufragar las pensiones de sus trabajadores jubilados, pero no es explicable ni justificable que en la mente de los legisladores ese “error u omisión contractual” se convierta en una carga o deuda que deban cubrir los trabajadores de otras empresas que sí han aportado, previendo para ellos y sus familias una circunstancia de vida, después de los años laborables cómoda y digna que desde luego será significativamente afectada al tener que “compartir” un ahorro, que en realidad no fue generado por los beneficiados impuestos de PEMEX y la CFE.
Desde luego, la lógica de este abuso muestra que en este país existen trabajadores privilegiados y con derecho a jubilación del 100% desde los 55 años de edad, que precisamente son los de PEMEX, y otro segmento, mucho más numeroso, de trabajadores que obligadamente deben aportar una parte de su salario al “fondo de ahorro para el retiro”, y que, como se ve, en realidad disfrutarán quienes no hicieron nada para generar ese bien económico.
Las explicaciones de los “sesudos” economistas y politólogos respecto de la urgente necesidad de librar a PEMEX y la CFE de esa abultada e impagable obligación es, dicen ellos, condición para hacer que estas empresas sean competitivas en el mercado global como uno de los objetivos de desarrollo que establece la Reforma Constitucional en Materia de Hidrocarburos. La dinámica del razonamiento de estos asesores es contradictoria; en estricto sentido la obligación de pagar pensiones a los trabajadores de PEMEX y la CFE es del Estado, no de los trabajadores de otras empresas a los que por ley se les retiene parte de su salario para la integración del ahorro para el retiro. Desde luego, no es lógico ni justo o razonable que el Estado disponga de los intereses o del capital de una masa monetaria de ahorro que generaron los trabajadores de otras empresas, para que los de PEMEX y la CFE entren al reparto de un bien económico que no contribuyeron a generar.
No es razonable afirmar —como hacen los legisladores— que la viabilidad de esas grandes empresas (PEMEX y CFE) motiva la decisión que han tomado. En estricto sentido estamos frente a un abuso de autoridad que lastima, ofende y divide aun más a los mexicanos. Por lo que se ve, algunos trabajadores han vivido y lo seguirán haciendo en condiciones de privilegio, y otros soportando el peso y el costo de decisiones apresuradas que se inscriben en un largo historial de corrupción y manejos abusivos de dineros públicos incorporados a fortunas personales de tantos funcionarios públicos, precisamente de PEMEX y CFE.
Esta “creativa” solución al sistema de pensiones, aprobado por la Cámara de Diputados, forma parte de las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y prevé un pasivo contable de PEMEX superior al billón de pesos, y por parte de la CFE, de 500 mil millones.
En los artículos transitorios de estas reformas, los legisladores previeron que en el transcurso del año siguiente a la entrada en vigor de estas leyes, ambas empresas, ahora calificadas como “productivas del Estado”, lleguen a un arreglo con sus respectivos sindicatos para modificar el esquema de pensiones en sus contratos colectivos, sin precisar en qué consistiría dicho “arreglo” y el programa de austeridad al que también se refiere. Lo que sí se precisa es que por cada peso de “ahorro” que se logre con los esquemas de incorporación voluntaria de los trabajadores en activo al sistema de pensiones individuales, así como la inscripción directa a ese sistema para los trabajadores que ingresen a partir de esta reforma, el gobierno federal asumirá una cantidad igual de la deuda, esto implica que el rescate no sólo será financiado con recursos de los trabajadores incorporados al SAR, sino que el déficit que no alcance a ser cubierto de esta manera, será pagado con dinero de los contribuyentes, mayoritariamente incorporados al SAR.
Muy difícil se advierte para México y su pueblo la posibilidad de avanzar hacia metas de desarrollo nacional compartidas allí donde existen dos medidas de justicia social, una para los trabajadores en régimen de privilegio y otra para quienes en verdad trabajan y no están representados, pero sí afectados por esos legisladores.
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