DIJO HABER SIDO EL GOBIERNO DEL “PROGRESO PARA TODOS” PERO YA SUPERÓ LAS 70 DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN

Desde las diversas entidades que forman parte del Gobierno del Estado, siguen denunciando presuntos actos de corrupción cometidos en la gestión de Carlos Lozano de la Torre y hasta el momento suman ya 71 carpetas de investigación interpuestas ante la Fiscalía General.

Hasta hace unas semanas iban 52 expedientes pero se siguen  acumulando denuncias.

De acuerdo a información a la que se tuvo acceso por parte de organismos fiscalizadores, el Instituto de Educación, la Secretaría de Salud, el Instituto del Agua y el Órgano Superior de Fiscalización, se mantienen con el mayor número de irregularidades.

Sin embargo, trascendió que también están abiertas carpetas de investigación contra servidores públicos que pertenecieron a la Procuraduría General de Justicia, que estuvo al mando de Felipe Muñoz Vázquez y su sucesor, Óscar González Mendívil.

Aunque son temas que guardan cierta reserva, lo único que se pudo conocer es que se revisan conductas inapropiadas, como fue el haber violado la confidencialidad de la información que mantenían bajo su resguardo, para favorecer a quien así les fuera conveniente.

Algunas presidencias municipales tampoco están ajenas a la corrupción, y ya se cuentan con carpetas de investigación abiertas para proceder en su momento, contra administraciones pasadas correspondiendo hasta ahora, ex alcaldes o integrantes de sus gabinetes, en municipios del interior.

Quien ha entorpecido la judicialización de sus carpetas de investigación, es el ex director general del Instituto de Educación,  Francisco Chávez Rangel, el funcionario “consentido” de Lozano de la Torre.

Cabe señalar que fue una autoridad federal quien ordenó una suspensión y habrá que esperar a que se cumplan los tiempos para darle continuidad a su caso, en el que destaca la supuesta compra de computadoras a la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche, por un monto cercano a los 400 millones de pesos y que nunca se recibieron en las escuelas.

El uso de estos mecanismos que establece la Constitución y la Ley de Amparo, sólo es para sacar un beneficio en cuestión de tiempos nada más, pero en un momento dado, que se resuelva la suspensión temporal, esto tendrá que continuar, señaló un especialista consultado.

A casi dos años de la salida de Carlos Lozano de la Torre del Gobierno, los señalamientos de los actos de corrupción cometidos siguen aumentando, sin que pueda haber fecha para cumplirse el reclamo ciudadano de la justicia y el fincar castigos como consecuencias.

Se sabe que entre 15 y 20 personas que pertenecieron al gabinete lozanista en todos sus niveles, han  sido requeridas para aclarar las cuentas que no cuadran.

También se confirma  que aún no ha sido requerido el ex gobernador Carlos Lozano de la Torre, dado el blindaje que consiguió en los siniestros mecanismos que operó para navegar en la opacidad, pero se asegura que no está exento de  presentarse ante la ley.