DENUNCIAN ABUSO DE PODER EN LA JUSTICIA FEDERAL

A los trabajadores del Poder Judicial de la Federación les indigna saber que los magistrados se han aprovechado del puesto para otorgar plazas a sus familiares y mantener inalterable la prestación de vales de gasolina por 15 mil pesos al mes.

Ese tipo de conductas pareciera que es el patrón a seguir, puesto que una historia similar está inscrita en Aguascalientes, donde también se han colocado sin mérito alguno, a familiares de quienes están y han estado al frente del Poder Judicial local y salvaguardar prestaciones que caen en los excesos.

Pero la  diferencia la hicieron este lunes los afiliados a la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en sintonía con los más de 40 mil agremiados en todo el país, cuando salieron a protestar por primera vez en la historia de ese orden gubernamental,  en reclamo porque se  les ha quitado el derecho de audiencia en caso de que quieran despedirlos, no se les respeta el horario de actividades, ni se les pagan de manera efectiva las horas extras, entre otras afectaciones que dicen tener.

En esa instancia, que debiera ser ejemplo de administración de justicia, se dan los abusos de poder y violaciones a los derechos humanos en contra de los trabajadores, según expusieron.

La inconformidad comenzó a gestarse hace cuatro años, y la paciencia se agotó recientemente, cuando los integrantes del Consejo de la Judicatura se cerraron al diálogo y recurrieron al desconocimiento y desprestigio del Sindicato y sus liderazgos.

Nora Angélica Castorena Sánchez, Secretaria General de la Sección 5, dijo además que se reclama el aumento al salario, debido a que éste ha sido conforme al índice de inflación y los trabajadores de la base operativa no han recibido un ajuste sustancial desde hace 17 años.

Lo ideal será un incremento al ingreso en 3 mil pesos al mes y un bono de 10 mil pesos al año.

Si no son atendidos, aclaró que seguirán las manifestaciones sin afectar la atención al público, y cómo el último recurso sería una huelga de hambre.

Como reacción, quienes están al frente del Poder Judicial en Aguascalientes mandaron a sus subordinados investigar a los reporteros que estarían difundiendo la información de esta protesta inédita.