Democracia mexicana carente de proyecto común

La dinámica de preparativos para afrontar los grandes compromisos que mandata la Reforma Electoral, e instrumentar los procesos electorales en 18 de las 32 entidades que componen nuestro mapa político nacional, al tiempo también de dar cumplimiento a otra reforma más antigua que prevé la puesta en marcha de la oralidad en las causas penales, con todas las modificaciones que supone tanto en el propio proceso judicial como en los intervinientes; ministerios públicos, jueces y abogados defensores, en sí misma no tendría que ser de gran dificultad ponerlas en marcha y ejecutarlas, de no ser por el conjunto de otras circunstancias que desde luego están presentes.
A nadie escapa que en los comicios de 2015 la democracia mexicana se enfrentará a escenarios inéditos, no solo por la novedad de la reforma en curso, sino por la irrupción de una triple crisis: en primer lugar económica, un país donde uno de cada dos habitantes vive en condiciones de pobreza, donde el reparto de “tarjetas sin hambre” ha sustituido el auténtico y real desarrollo de la población y de las perspectivas de calidad de vida; en segundo lugar una crisis de gobernabilidad que se ha visto en la necesidad de sustituir gobernadores ante la incapacidad de hacer frente a la violencia y la corrupción, salpicadas de impunidad y miedo; y en tercero, una crisis de liderazgo político y credibilidad. Hoy como nunca está abierta una enorme brecha de desencanto ciudadano, de apatía política que se alimenta del descredito en que se encuentran todos los partidos políticos y sus candidatos, los reiterados escándalos ocasionados por conductas indebidas de quienes al amparo de un cargo público se comportan de modo contrario a la ética y al derecho, ofendiendo gravemente a los ciudadanos. Tres vértices de un triángulo que interactúa en todos sus segmentos, reforzando sus impactos negativos.
A la extrema tensión ocasionada por la desaceleración económica mundial y la consecuente baja en el precio del petróleo, hay que añadir las señales de alarma provocadas por el conocimiento de gravísimos casos de violación a los derechos humanos y la rampante corrupción política que trasciende los sexenios, mostrándonos una imagen de nuestro pasado reciente y remoto que no puede llenarnos de orgullo sino de vergüenza; esta conciencia histórica ha provocado una deslegitimación de las élites políticas, que en el momento presente carecen de autoridad, dando lugar a la desafección política de los ciudadanos que abiertamente los confrontan, les reclaman y les exigen resultados que siguen sin entregarse a satisfacción, así, proliferan las marchas, las pintas, los saqueos a tiendas y la destrucción de inmuebles públicos ante autoridades claramente rebasadas por la violencia criminal.
Frente a este lamentable estado de cosas, es evidente que la principal carencia de nuestra democracia mexicana es la de no disponer de una ruta a seguir que, más allá de lugares comunes y frases hechas, señale con claridad a dónde queremos ir y qué país queremos ser. Así, tal como hoy nos encontramos, sin proyecto colectivo se pierde el porvenir y la esperanza por llegar a ser un país mejor para todos, pues todo se reduce a la preocupación por satisfacer los intereses, caprichos y ocurrencias de quienes detentan el poder.
Hoy como nunca México está urgido de tres pactos sociales: con la democracia, con la honradez y con el respeto a los derechos humanos. El pacto por la democracia exige una auténtica regulación del sistema de representación social, de manera que quienes serán candidatos a cargos de elección popular, y en su momento servidores públicos electos ejerzan esa responsabilidad habiendo satisfecho requisitos de elegibilidad y control de confianza elementales, entre otros, desde luego las declaraciones de sus haberes patrimoniales personales y familiares. El pacto de honestidad está dirigido a recomponer la fractura moral que vive nuestra política nacional, urge redefinir y redimensionar la credibilidad en la autoridad, si los pasajeros de una nave desconfían del piloto por los motivos que les ha dado, es evidente que ante señales de turbulencia lejos de cooperar habrá desconfianza y nula participación. El pacto por los derechos humanos es una exigencia mucho más allá de la coyuntura de nombrar al nuevo titular de la Comisión Nacional, un estado incapaz de hacer que los servidores públicos respeten a la población, que literalmente no la maten ni la desaparezcan, es exigencia mínima para transitar al país que queremos ser.
La democracia mexicana está urgida de un proyecto común que en verdad concite nuestras voluntades para juntos mirar como posible un mejor futuro para todos los mexicanos. No se trata de algo inédito en nuestra historia, este mes que celebraremos un aniversario más de la Revolución, bien podríamos empezar a construir la voluntad colectiva de hacer nuestra la dirección de nuestro camino.
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