El Gobierno del Estado identificó a 38 camiones urbanos los que estuvieron varados muy temprano por la avenida Francisco I. Madero hasta la Plaza de la Patria, desquiciando de cierta manera el tráfico y la prestación del servicio a la población, en protesta por las nuevas medidas implementadas para la modernización del transporte.

El saldo final fue de 12 personas detenidas en el operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, luego de más de 4 horas de permanecer en el Centro Histórico. Mujeres y niños fueron usados de escudos para encarar a los policías.

La inconformidad por parte de algunos camioneros que pertenecen a la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos (ATUSA) se mantiene. Esa organización se deslindó de ser la protagonista del movimiento y la duda es sobre las acciones que podrán seguir, dado que se cuenta con la evidencia de que están interviniendo asesores jurídicos del líder transportista en Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, quien a su vez se le vincula con Servando Gómez “la Tuta”, acusado de dirigir al grupo delictivo de los “Caballeros Templarios”.

Entre la mafia de los camioneros se daba el cobro por derecho de piso. Por las cinco rutas preferenciales, las que consideraban más rentables, un pequeño grupo de personas cobraba una jugosa cuota.

Hay quien tenía que dar más de un millón de pesos por pertenecer a esas rutas reveló el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz. Por ello, siempre que se termina una canonjía hay un pataleo, expresó. “A partir de este momento se acaban esas cuotas por ingreso a rutas preferenciales y se acaban las cuotas semanales que tenían que pagar por pertenecer a esas rutas preferenciales”.

Por cierto, tales  rutas mueven más de 48 mil 500 personas.

Entre los camioneros molestos se encontraban Manuel de la Cruz, vocero de ATUSA a quien el Secretario de Gobierno le mandó un mensaje: “que diga exactamente cuáles son sus intereses porque él si sacó sus permisos. Él si tiene funcionando camiones y está llevando a una aventura a aquéllos que son pequeños propietarios de uno o de dos camiones y que esas gentes, el modelo financiero de hombre-camión ya no da para el servicio”.

Manuel de la Cruz por su parte, aseguró que se trató de una manifestación pacífica y en reacción porque la autoridad los atosiga constantemente. Demandó piso parejo y que no los nos dejen al garete. “Nos han levantado actas que porque no estamos autorizados y que está vencido nuestro camión cuando andan en condiciones para prestar el servicio”.

Otro acusado por el gobierno fue el activista y ex diputado local por la izquierda Adán Pedroza, a quien se recriminó de azuzar a la gente. Él también es concesionario y sabe muy bien cómo se hizo de esos títulos, persuadió Enrique Morán.

“No vamos a unos 15 años. Vamos a una lucha política y a una lucha por la supervivencia del transporte”, fue la respuesta de Adán.

Un camión de su propiedad tiene más de 20 años de vida y no la renueva por falta de dinero. Para él no es rentable el negocio pero no se deshace de sus concesiones. “Ahí los tenemos porque nos gusta la mala vida”, expresó.

Adán también reprocha que no los reciba el gobernador, aunque reconoce que han sido atendidos por al menos personal de la Coordinación de Movilidad. “Hoy los funcionarios que nos recibieron en la plaza andaban molestos ¿saben por qué? Porque se levantaron temprano y porque fueron sin bañarse a la plaza principal”.

Los inconformes por las exigencias de la ley y del gobierno estiman conveniente que los subsidien, así como ellos subsidian la tarifa de los estudiantes.

Enrique Morán Faz aseguró que la prestación del servicio del transporte público no está en riesgo. Ya están consideradas alternativas para en caso de que sigan movilizándose.