DEJAN SIN CAMIONES, PERO “PASEARON” MILLONES DE PESOS

Los concesionarios de los camiones urbanos y suburbanos agrupados en ATUSA, decidieron ya no dar más tregua al Gobierno de Carlos Lozano de la Torre sobre el cumplimiento de sus demandas, entre las que se encuentra incrementar las tarifas al público, y desde este fin de semana decidieron dejar sin funcionar varias de las unidades, provocando un caos en el primer día de actividades normales.

En una relación ficticia, chantajista  y a conveniencia que sostienen los dueños de las unidades con las autoridades, llegó el momento en el reclamar lo demandado, sin importar que con ello se vean afectados más de 400 mil usuarios.

Ninguna de las partes ha querido la cara, aunque se presume que autorizar un aumento a las tarifas se vería como un costo político más para Lozano de la Torre.

Otro asunto es que el gobierno conoce bien sobre la explotación de la que son objeto los choferes por parte de los concesionarios, y aun así no interviene por lo menos para que se les pague lo justo y se les otorguen las prestaciones a las que por ley tienen derecho.

Pero en este momento del conflicto, el Gobierno culpa a la otra parte de no cumplir con las condiciones de ofrecer un servicio seguro y de calidad, deslindándose con ello del deber que le corresponde.

No obstante,  en el año 2012, Banobras facilitó recursos no recuperables para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes consiguiera las bases que lograría la anhelada modernización del transporte de camiones urbanos y suburbanos.

Sin claridad en su proceder, asignó a la empresa IDOM realizar tal estudio el cual sólo se informó de manera parcial a la opinión pública sobre sus resultados.

Se dijo que son necesarios entre mil 300 y dos mil millones de pesos para tener un modelo de transporte vanguardista, con carriles exclusivos, autobuses dignos y trato cordial.

Ello representaría igualar o superar las tarifas que tienen en la ciudad de León, de al menos 9 pesos.  Lo anterior implicaría que los concesionarios tengan una utilidad mayor a la actual, estimada en 10 por ciento.

Así, el sexenio se fue en estudios de factibilidad y de buenas intenciones.  Millones de pesos se gastaron en ello. El mandato de Carlos Lozano de la Torre está concluyendo y las cosas en el transporte público están peor que cuando inició y las pruebas se remiten al público usuario.