CONSTATAN INTENCIÓN DE PAGO POLÍTICO AL TITULAR DEL PODER JUDICIAL

La respuesta de rechazo de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a la pretendida permanencia del actual presiente Fernando González de Luna, en la titularidad del Poder Judicial, mantiene en el enojo en algunos de los actores políticos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que de alguna forma buscan conseguir el objetivo de reformar la Ley.
Recientemente, el Jefe de Gabinete, Javier Aguilera García señalaba que el decreto de Reforma al Artículo 52 de la Constitución Política del Estado, no era un pago político al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por su alineación al Gobierno del Estado.
Sin embargo, los magistrados Juan Manuel Ponce Sánchez, Francisco Javier Perales Durán, Edna Edith Llado Lárraga, Gabriela Espinosa Castorena y María de los Ángeles Viguerías Guzmán, observan al menos, una clara intención al especificarse en la iniciativa que “gracias en gran medida a las gestiones realizadas por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal se han obtenido los recursos necesarios para la construcción del importante complejo Ciudad Justicia, proyecto de gran nivel en el cual sumarán los esfuerzos de la Federación y el Estado para la construcción de unas instalaciones seguras, dignas, ordenadas y acordes a la realidad que vive nuestro país y nuestro estado en materia de impartición de justicia”.
Sobre tal insinuación de la pretendida ley de la bancada del PRI, los magistrados responden que es razonable ponderar la buena actuación de un servidor público en el cumplimiento de sus obligaciones, empero ello no es una causa suficiente para trascender a una reforma constitucional.
En la respuesta por escrito, de la cual La Contra [Portada] accedió a una copia, le precisan a quienes están empeñados en que el funcionario sea transexenal que a nivel federal, en la Suprema Corte de Justicia no se ha prorrogado la duración del encargo de su Ministro presidente, pese a la evidente intervención del Poder Judicial Federal en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Si fuese imprescindible e insoslayable, agregan, el parámetro de continuidad personal que justifica la reforma, también a nivel federal, por identidad de razón se habría gestionado la ampliación en la duración del cargo de su Presidente.
Los magistrados insisten que la iniciativa se constituye en una franca intromisión a las facultades del pleno del Poder Judicial del Estado, y por supuesto el Estado de Derecho como garante social.