• En esa época, a la Procuraduría de Justicia se le extendió un cheque en blanco para lograr supuestos resultados en el combate a la delincuencia a cualquier costo

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que hubo una práctica sistemática de tortura en Aguascalientes entre los años 2010 y 2014, cuando gobernó Carlos Lozano de la Torre y tuvo como procurador General de Justicia a Felipe Muñoz Vázquez.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México, presentó el análisis detallado “Hasta Perder el Sentir, Informe sobre la Práctica sobre actos de Tortura y malos Tratos en Aguascalientes, entre 2010 y 2014”.

ONU Derechos Humanos documentó los casos de 40 personas: 33 hombres y 7 mujeres, y concluyó que fueron sometidos a tortura por parte de funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado que comandaba Felipe Muñoz, personaje que luego brincó en el gobierno de Enrique Peña Nieto a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cargo que mantuvo hasta entrada la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Los casos de tortura no fueron excesos aislados sino actos planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la Procuraduría Estatal, con participación y/o complicidad de diversas estructuras internas, particularmente de policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, médicos adscritos de la institución. A ellos se sumó la pasividad y convivencia de algunos defensores”.

Señaló que en ese entonces se generó “una tormenta perfecta” para la práctica de la tortura en Aguascalientes con consecuencias graves para todas las personas, especialmente para las víctimas.  Hasta ahora, los casos perpetrados en dicho contexto no han sido conocidos en su real dimensión ni atendidos con la urgencia que ameritan.

Es decir, los hechos han permaneciendo en la impunidad a pesar de los años y del cambio de gobierno. Ninguno de los perpetradores ha sido llevado a rendir cuentas. La mayoría de las víctimas siguen privadas de la libertad y las secuelas perduran en todas las víctimas ante la falta de atención integral.

“Al no hacerlo, las autoridades incurren en responsabilidad y deben rendir cuentas por todo aquello que, razonablemente pudieran hacer para evitar esta práctica y que, por alguna o por otra razón omitieron”.

Peor aún, el amparo interpuesto por Felipe Muñoz contra la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contribuyó a la impunidad, a impedir que el Estado cumpliera con su obligación de investigar, de sancionar y eventualmente reparar.

Sin embargo, celebró que un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación revirtiera recientemente la decisión del Juzgado de Distrito para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recuperara todos sus efectos positivos.

Guillermo Ferández-Maldonado puntualizó que faltaron controles, transparencia y rendición de cuentas en la entonces Procuraduría de Justicia de Aguascalientes; por tanto, se le extendió un cheque en blanco para lograr presuntos resultados en el combate a la delincuencia prácticamente a cualquier costo.  Por ejemplo, hubo uso excesivo del arraigo como mecanismo para ejecutar, continuar los actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes.

Con este informe, aseguró que las autoridades tienen a la mano información contrastada que ratifica y que les presiona en su deber de prevenir y castigar la tortura.

En síntesis, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda la reparación integral de las personas sobrevivientes, investigar dentro de un plazo razonable y de conformidad con los estándares internacionales, los actos documentados y coordinar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que resulten implicados.

Determinar la responsabilidad que podrían tener los superiores jerárquicos de la entonces Procuraduría Estatal.  Investigar el posible encubrimiento y la obstrucción de la justicia que favoreció la impunidad, el ocultamiento de la verdad y la repetición de los casos.

Excluir o declarar nulas de oficio, todas las pruebas cuando existan razones fundadas de que fueron obtenidas mediante tortura, entre otras medidas.