BUSCA EL GOBERNADOR Y SU GABINETE SALVACIÓN POR CORRUPCIÓN

Un tiro de gracia al deficiente sistema de transparencia en la administración pública estatal, se ha propuesto a dar el Gobernador Carlos Lozano de la Torre, al dirigir al Congreso del Estado sus observaciones para adecuar la ley que regula la rendición de cuentas, en busca de la inmunidad e impunidad al término de su sexenio.

Lozano de la Torre ha solicitado la complicidad de los diputados locales para anticipar la designación de comisionados del de por sí cuestionado Instituto de Transparencia del Estado, para mover a sus piezas a conveniencia.

La ley marca que la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria para designar a esos funcionarios el 15 de octubre del próximo año, y que inicien sus funciones el 1 de enero del 2018.

Sin embargo, ha urgido que la convocatoria se publique antes de terminar su administración, y que sea la fecha el 15 de octubre para que inicien sus actividades el 1 de enero del 2017.

Igualmente, el Gobernador de Aguascalientes pidió al Congreso del Estado quitar la facultad al Instituto de Transparencia de promover iniciativas y reformas a la ley que pone orden a la rendición de cuentas y que sólo se le deje como gestor.

Otros puntos que establece el aún titular del Poder Ejecutivo es que se cambie la palabra de prescripción a las sanciones de los funcionarios públicos por la de caducar, a fin de que los términos legales puedan ser más manipulables a la interpretación.

Y justamente en el terreno de la interpretación estaría quedando la calificación a las sanciones de los servidores públicos por los delitos en que hubieran incurrido.

Carlos Lozano de la Torre propuso también al Legislativo las Reformas a la Constitución Política local para armonizarla a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero propone la creación de un Comité Coordinador donde en su mayoría estarían dependencias donde hoy se encuentran personajes muy aliados al Gobierno del Estado como son el Órgano Superior de Fiscalización, la Fiscalía Estatal, la Sala Administrativa y Electoral y el Instituto de Transparencia. Habría más presencia del gobierno que ciudadanos en esa figura.

También establece la instalación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pero sentencia que ésta dependería directamente de la Fiscalía General para poder investigar y perseguir las conductas consideradas como hechos de corrupción.