Marisela Sánchez Muñoz es una de las víctimas de tortura que ejerció mientras condujo la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, Felipe Muñoz Vázquez junto con su equipo de colaboradores y aliados.

Así lo documentó la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México, y por ella intervino a fin de que al menos se le haga justicia ante el daño a su salud física y emocional que experimentó a consecuencia de la tortura. Pero la reacción de la autoridad a la que se canalizó dar atención lo fue la Comisión de Atención a Víctimas del Estado, quien lejos de proteger a las víctimas dio una respuesta enfocada a defender a los intereses de Felipe Muñoz y cómplices, y todo porque en ella estarían participando personajes que de manera directa o indirecta formaron parte de aquella administración del terror.

1.-EL CONTUBERNIO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Por el hecho de tortura cometida contra Marisela Sánchez, en el año 2011 se inició la Averiguación Previa de número DGAP-AGS-14752-10-11.  Luego de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los actos de tortura en Aguascalientes, se abrió la Carpeta de Investigación CI-AGS-08579-04-21.

Sobre la Averiguación Previa, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura de la Fiscalía General del Estado, Mireya del Carmen García Luevano decretó el no ejercicio de la acción penal y en relación a la carpeta de investigación, también la determinó en ese mismo sentido, tomando como base un supuesto doble enjuiciamiento y por ende que no aplicaba aplicar la acción penal.

De acuerdo al procedimiento establecido en la Ley, sobre la Carpeta de Investigación procedía la audiencia de impugnación, lo cual se le notificó tanto a ella así como a sus Asesores Jurídicos Públicos, adscritos a la referida Comisión de Atención a Víctimas.  Llegada la audiencia, los Asesores del Pueblo, lejos de impugnar la determinación emitida en la carpeta de investigación, “sospechosamente” sólo impugnaron la determinación de la Averiguación Previa, lo que originó que la Juez de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial en el Estado, se declarara incompetente para conocer en atención a que la impugnación se trataba solamente en relación a la averiguación previa, lo que no le correspondía a un Juez de Control al tratarse del sistema tradicional.

Conforme al procedimiento penal, el pasado 29 de marzo fueron notificados al respecto Obed Salinas Antonio, en su carácter de asesor jurídico de Maricela, así como a Fernando Franco Díaz Coordinador de Asesoría Jurídica de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes.

Pero la Asesoría Jurídica Pública en vez de proceder como correspondía, consiguieron la firma de quien se supone defendían, para dar por terminado el caso. Ella de momento accedió, pero luego les pidió descartar lo hecho pero al no contestar sus llamadas, dejaron que el procedimiento concluyera, es decir dejaron que ambos ejercicios de la acción penal, tanto el decretado en la Averiguación Previa y en la Carpeta de Investigación, quedaran firmes al no haberlos impugnado conforme lo establece la Ley.

Quienes además habrían dejado indefensa a la víctima de tortura son los también Asesores Jurídicos del Pueblo: María del Carmen Graciela Medina de Anda, Ramón de León Elizondo, Eduardo Antonio Zúñiga Cárdenas, Ulises Ismael Requenes Martínez, Liliana del Carmen Martínez Sosa, Erika Vanesa Reveles Andrade, José Antonio Almaraz Fuentes, Liliana Jazmín García Nieto y Óscar Guzmán Wong.  A todos ellos se les habría notificado los referidos acuerdos de no ejercicio de la acción penal, incluyendo al propio Fernando Franco Díaz.

La nula investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura de la Fiscalía General del Estado, lejos de revisar los hechos, pareciera sólo defender a los culpables. Es el caso de Mireya del Carmen García Luevano, además de emitir una serie de oficios que no ayudaron a la investigación, propuso el no ejercicio de la acción penal, el cual fue autorizado por el actual Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes Juan Antonio Zermeño Romo, quien en reiteradas ocasiones ha sido señalado como autor material del delito de tortura. En relación a otras víctimas del delito, él fungía como su defensor público, en la cual no sólo habría permitido que les vejaran, sino que fue omiso cuando se enteró que sus representados sufrieran el tormento, pero sobro todo, permitió que confesaran delitos que no habían cometido.

Pero para conocer más sobre a quienes se identifica en relación con los casos de tortura ejercida en el pasado pero que siguen colaborando en el presente, habrá que conocer el caso de Marisela Sánchez en específico.
-Continuará en una segunda entrega…