Ayotzinapa; la diferencia entre culpables y responsables

Una de tantas coincidencias con que suele sorprendernos la vida, para que no perdamos de vista las motivaciones de la avaricia y el poder, formas inseparables de la corrupción, refrescan nuestra memoria al recordarnos que precisamente en este año de 2014 se cumplen 40 años de aquellos lamentables acontecimientos de 1974 en el Estado de Guerrero, donde perdiera la vida Rosendo Radilla Pacheco, quien fue “desaparecido” en tránsito por un retén militar, aquel campesino y maestro rural, inspirado compositor de canciones de protesta que había hecho de las luchas agrarias y libertarias del legendario Lucio Cabañas la inspiración de sus canciones y que mucho molestaban a los militares que lo torturaron, mataron y ocultaron su cuerpo durante años.
Precisamente, en el escudo del Estado de Guerrero, tierra que tiene como prócer y fundador al General Vicente Ramón Guerrero Saldaña (1782-1831), se puede leer la frase que se atribuye a su lucha libertaria en tiempos de la Independencia “La patria es primero”; en ese escudo también parece que hoy podría agregarse otra frase que se atribuye al compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez “La vida no vale nada”, y es que al parecer, ahora en 2014, la brutalidad de las acciones emprendidas por las autoridades en contra de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, ignoran la historia sangrienta y cruel que hoy se repite como si la sangre humana derramada no hubiera sido ya suficiente evidencia de lo estéril y violento que resulta ese modo de proceder de las autoridades.
Todos recordamos que los familiares del “desaparecido” Rosendo Radilla Pacheco, después de haber realizado diversos intentos para que las autoridades judiciales mexicanas conocieran del asunto y sin obtener resultados favorables, en el año 2001 acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica y sostuvieron ante ese tribunal que al no haberse encontrado a Rosendo Radilla Pacheco en los 27 años transcurridos (de 1974 a 2001), ni sus restos mortales, el delito de “desaparición forzada de persona” continuaba sus efectos violatorios de los derechos humanos, tanto del propio Rosendo Radilla Pacheco como de sus familiares.
Al concluir las indagatorias y estudio del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 23 de noviembre de 2009, encontró que efectivamente el Estado Mexicano violó los derechos humanos de Rosendo Radilla Pacheco y de sus familiares.
En septiembre de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió acatar la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En uno de los párrafos medulares de esa sentencia, concretamente en el 339 se puede leer:…cuando un Estado ha ratificado un Tratado Internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.
Ahora en 20l4, el caso de los 43 alumnos “desaparecidos” en Iguala muestra una vez más que en ocasiones la falta de consistencia en las investigaciones, sirve para sugerir que las autoridades realizan acciones u omisiones tan graves, inhumanas y sórdidas que la razón se niega a aceptar, en un unánime “no es posible”, pero al final la terca realidad, por más que se maquille, siempre se impone exigiéndonos distinguir y esclarecer entre quiénes son culpables y quiénes responsables. En el primer caso están aquellos que por iniciativa propia o cumpliendo órdenes masacraron y desaparecieron a los estudiantes; en el segundo, desde luego se ubican todas las autoridades municipales, estatales y federales que directa o indirectamente han permitido que el deterioro social alcance estos niveles de corrupción institucional, ingobernabilidad e inhumanidad.
Estos delitos, si los hubiere, deben ser investigados con pulcritud y eficacia, y sancionar en el marco de la ley a los culpables y responsables, al tiempo que se restituya en su dignidad y derecho a las víctimas y sus familiares. En este país todos los mexicanos tenemos derecho a la verdad, al debido proceso y a que las autoridades se conduzcan cumpliendo la ley, sin arbitrariedad y con respeto.
La gobernabilidad democrática en que se supone vivimos, es absolutamente incompatible con la arbitrariedad y la corrupción, precisamente porque la credibilidad es indispensable en quienes ejercen la autoridad en cualquier ámbito de gobierno. Tal como ha demostrado la historia, transmitir el mensaje de que algunos abusos y excesos de las autoridades pueden quedar impunes, es el mejor medio para acabar con la vida democrática de México.
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