AUDITOR Y AMIGO DE EX GOBERNADOR GASTÓ $70 MIL AL COMER EN RESTAURANTE

En el Congreso del Estado hay un consenso mayoritario sobre la necesaria salida del titular del Órgano Superior de Fiscalización, Arturo Solano, a quien diputados no le tienen confianza por su presunto enriquecimiento indebido y las maniobras que hizo para solapar todas las irregularidades en el manejo de recursos del Gobierno de Carlos Lozano de la Torre.

Sus colaboradores fueron acordados por diputados de la anterior legislatura e incluso existe el antecedente de la participación de Manuel Díaz Lozano, sobrino del ex Gobernador y hermano del ex Secretario de Finanzas, Alejandro Díaz Lozano

La ley del Órgano Superior  fue acomodada para que Arturo Solano permanezca en su cargo hasta el año 2019, esto es, hasta el tiempo suficiente en que pueda borrar y corregir cualquier mala evidencia del gobierno que se autoproclamó del “Progreso para Todos”.

Algunas de las maniobras que más inquietan a los diputados son:

Sobre los consumos en un restaurante enclavado en la glorieta del Campestre, y al que acude casi a diario después del mediodía, reportó un gasto en este año por 220 mil 700 pesos.

Tan sólo por una comida que hizo el mes pasado,  presentó una factura por 69 mil 600 pesos.

Este año dijo que viajó a Puerto Vallarta a una reunión con 10 presuntos colaboradores.  Su estancia en el Hotel Riu, que ofrece servicio todo incluido, tuvo un costo por  tres días de 266 mil pesos, esto es 26 mil pesos por persona.

Sin embargo, en la realidad, el Hotel Riu ofrece una tarifa de 8 mil 800 pesos por el mismo periodo y para  dos personas.

La compra de un Software para la Armonización Contable a un valor de 5 millones de pesos. Su adquisición fue a una empresa que surgió en el año 2014, desconociéndose su legal constitución y su fortaleza para enfrentar cualquier garantía.

Con ese equipo, se buscó encriptar la información para nadie tuviera acceso. Se justificó que era para evitar que luego fuera conocida por los medios de comunicación no aliados al Gobierno.

Además se adquirió una normatividad por un despacho a costo de  un millón  40 mil pesos.

Cabe señalar que las comprobaciones de gastos sólo están presentadas en fotografías, lo que hace dudar de su legitimidad.

Un punto cuestionable era el trabajo exprés que llegó a hacer para revisar y acomodar las cuentas.

A la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado la auditó el 15 de noviembre pasado. El proceso lo cerró el 28 de noviembre y dos días después notificó temprano a la dependencia sobre varias observaciones sobre las que le llamarían la atención o iniciarían algún proceso legal.  Permitió y validó que se las contestaran dos horas después, para que las irregularidades no las atendiera la administración de Martín Orozco, que estaba a horas de iniciar.