APROBACIÓN DEL GASTO 2018 CONFIRMÓ DIVISIÓN DE LA BANCADA PANISTA

De la revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado, así como al Poder Legislativo, la Fiscalía General, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral del Estado y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de los 11 municipios para el ejercicio fiscal 2018, se obtuvieron observaciones por cerca de 482.5 millones de pesos que pueden ser solventados y en su caso, deberán ser recuperados de tratarse de una afectación al erario público.

La mira recayó en la Presidencia Municipal de Aguascalientes, a quien se le reclaman cerca de 405 millones de pesos. Se considera que tal recurso tiene que ver en gran parte, con el subsidio al impuesto predial, donde se optó por gravar con el menor cargo a los propietarios de los bienes inmobiliarios, en vez de lo estipulado por la autoridad competente.

El análisis, discusión y aprobación sólo evidenció la fragmentación que pareciera profundizarse en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De antemano, los comentarios entre legisladores eran de que estaba la mesa puesta para cobrar las facturas políticas a la actual administración Municipal de Aguascalientes, en un escenario donde también se han referido a manoseos en el Órgano Superior de Fiscalización.

Enrique García López, diputado del PAN y quien se identifica del grupo de la alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel,  obtuvo el consenso sobre todo con la oposición, sobre un artículo transitorio para modificar el ordenamiento e instruir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, que en un plazo no mayor de diez días hábiles, que corren a partir de que se publiquen las cuentas en el Periódico Oficial del Estado, se notifique a cada ente fiscalizado sobre el resultado de las auditorías y que sean ellos quienes requieran de los órganos internos de control su participación y luego, de justificarse, a la autoridad competente.

García se inclinó por las medidas correctivas y preventivas. Sin embargo, Gustavo Báez Leos, quien también dirige al PAN en Aguascalientes consideró que su aprobación sólo vulneró el Estado de Derecho.

No le fue suficiente señalar que se lastimaba el principio constitucional de certeza jurídica y que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es vigente y aplicable. Reconocía de antemano que había conflicto de normas en el espacio y que la solución se encontraba en la ley de mayor jerarquía, considerando que se desprende de la Constitución General y no de la local.

“Hay que ser muy claros: hay una omisión legislativa nuestra -sí-, hay que reconocerlo, pero si pasa esta reserva, en el futuro sin duda tendremos forzosamente que adecuar la ley”.

A fin de cuentas, se declararon revisadas las cuentas con resultado de algunos felices y otros entre enojados y decepcionados.