La mentira y el control en que se encontraban medios de comunicación, fueron elementales en el gobierno que ejerció Carlos Lozano de la Torre, para desvirtuar la realidad sobre la violencia que predominaba desde entonces en Aguascalientes. Públicamente y por el dominio oficial, el mensaje que llegaba a la sociedad era que había vuelto la seguridad al estado, pero en los hechos, los delitos predominaban en el ambiente.

Más grave era también la presencia de algunos  elementos de la Policía Ministerial, al mando de Felipe Muñoz Vázquez y luego de Óscar González Mendívil, marcados por operar con la siembra de delitos, la intimidación y hasta la tortura.

Inmersos en el debate sobre la percepción y la realidad de la inseguridad, el Secretario de Gobierno, Enrique Morán Faz, evidenció precisamente aquella realidad, que afirma,  ha quedado enterrada.

“Este no es un gobierno que quiera maquillar las cifras. No es un gobierno del Estado cosmético, que quiera pagar a los medios de comunicación para que hablen bien de él”, afirmó.

Con Felipe Muñoz como Procurador General de Justicia y luego Óscar González Mendívil como el primer Fiscal General, se mandaron al archivo más de 14 mil denuncias presentadas por los ciudadanos sobre diversos delitos que les afectaron.

También se tiene el antecedente que sólo se permitía recibir un determinado número de denuncias, esto para luego no impactar la estadística que hablara mal de Aguascalientes en el tema de seguridad.

“Había un  vicio en la Fiscalía, en donde un porcentaje de las denuncias eran archivadas. Hoy se tiene que recibir el 100 por ciento, porque la gente se siente agredida con cualquiera de los actos, y entonces ya después otras instancias definirán si hay elementos para vincular a un proceso o no”, es lo que dijo Morán Faz.

Detalló que se operó entonces  una figura que le llamaban “noticia criminal”: a criterio del ministerio público o quienes llevaban el mando de la oficina,  destinaban al archivo toda aquella denuncia que creían no contaba con los elementos suficientes, logrando así incidir en un manejo no ético de los índices delictivos.

Sobre aquellas “colas” que llegaron con Felipe Muñoz, es decir, los ministeriales que estarían operando fuera de la ley,  el actual Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega, mencionó que se ha trabajando permanentemente en la depuración. “Voy a cumplir cinco meses en la Fiscalía,  yo creo que esto es un proceso, espero que así se esté haciendo el trabajo necesario para limpiar o para hacer una búsqueda de las personas que no tienen que estar desarrollándose como servidores públicos”.

Y aseguró que ahora desde la Fiscalía General, ya nadie debe practicar la tortura.

“La tortura en realidad, en el nuevo sistema es algo que ni sirve. Yo estoy convencido de que se debe de erradicar al cero. No debe de haber un solo caso de tortura. Tenemos una Agencia del Ministerio Público enfocada al tema de tortura. No es algo que sea característico del sistema; no nos sirve de nada torturar a las personas. ¿Porque? Porque ahorita el sistema nos exige que lo que declare el acusado sea ante un juez. Anteriormente el sistema tradicional nos establecía que lo que dijeran ante el ministerio público tenía validez, tenía valor en todo el proceso. Actualmente ya no”.